El ministro de Planificación, Julio De Vido, aclaró hoy que el Gobierno nacional no tiene pensado reestatizar YPF, como sostuvieron algunas versiones. "No hay ninguna posibilidad de que eso ocurra" porque "estamos trabajando fuertemente en el apoyo a la iniciativa privada en el sector petrolero".

El funcionario también pidió “no confundir” la cuestión de las nacionalizaciones. “Rescindimos contratos no porque propongamos un capitalismo de Estado o un plan de expropiaciones, sino por incumplimientos reiterados (de las concesionarias), caso Correo, Aguas (Argentinas)", dijo.

En este sentido, ratificó que desde el Gobierno "seguimos haciendo participar fuertemente al Estado en el control del cumplimiento de las concesiones, porque el Estado tiene que controlar, y si las concesiones fracasan tiene que estar en condiciones de tomar el servicio" para gestionarlo.

De Vido fue consultado sobre el tema en una rueda de prensa tras la inauguración de una nueva planta de la empresa Repsol-YPF en la localidad bonaerense de Ensenada, que contó con la presidenta Cristina Fernández, el gobernador Daniel Scioli, el secretario de Energía, Daniel Cameron, y directivos de la petrolera española.

La obra, que demandó una inversión de 345 millones de dólares, permitirá incrementar en 900 millones de litros la producción de naftas de alta calidad y en 200 mil toneladas anuales la de compuestos aromáticos, según se informó oficialmente.

"Esta inversión es más que importante y señala la imprescindible articulación que debe haber entre empresarios, trabajadores y Gobierno, de la sociedad toda, para crecer en armonía y que ese crecimiento llegue a todos", señaló Cristina Fernández durante el acto.

El proceso de privatización de YPF, una de las empresas más rentables del Estado, comenzó a principios de la década menemista, pero fue totalmente rematada entre 1998 y 1999, cuando apareció Repsol SA como comprador concreto.

Varias son las denuncias que se presentaron luego ante la Justicia por la “compra fraudulenta” de la petrolera estatal argentina, en la que participaron ex presidentes, ex ministros, sindicalistas, agentes de bolsa y directivos de Repsol. Las acusaciones fueron hechas principalmente por ex trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Gas del Estado y Petroquímica Moscón, aunque hasta el momento los intereses privados en juego parecen ser más fuertes que cualquier reclamo soberano.