
26/04
La iniciativa, elaborada por Carlos Heller, contempla convertir la actividad bancaria en "un servicio público pensado desde los usuarios y no sólo de las entidades”. En una conferencia junto a otros legisladores, el diputado dijo que espera "grandes consensos" que permitan su sanción en el corto o mediano plazo.
El proyecto de ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social apunta a reemplazar la ley de Entidades Financieras que rige desde 1977 y que fue impulsada por el entonces ministro de Economía de la dictadura militar, José Alfredo Martínez de Hoz, con el objetivo de desligar totalmente al mercado de la regulación estatal y dar amplia libertad a los movimientos de los bancos.
En una conferencia de prensa ofrecida en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara baja, el diputado Carlos Heller explicó los ejes de la iniciativa, que concibe a la actividad financiera como un servicio público “orientado a satisfacer las necesidades transaccionales, de ahorro y crédito de todos los habitantes de la Nación, y contribuir a su desarrollo económico y social”. En este sentido, precisó que la propuesta contempla las necesidades crediticias de las microempresas y las Pymes, obligando a los bancos a destinar el 40 por ciento de su cartera al sector. "Tratamos que el sistema haga por medio de la regulación lo que nunca va a hacer en forma voluntaria", manifestó Heller al explicar su proyecto. La iniciativa fue apoyada por Martín Sabbatella, Jorge Rivas, Ariel Basteiro y Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), Nélida Belous (Proyecto Progresista) y Silvia Vázquez (Partido de la Concertación-Forja) “Este proyecto supone un cambio de paradigma: entender al sistema financiero como un servicio público pensado desde los usuarios y no sólo de las entidades”, expresó Sabbatella al fundamentar el respaldo de su bloque. El texto también diferencia a las entidades nacionales y extranjeras, que serán las que tengan más de un 30 por ciento de capital extranjero. Para estas entidades el proyecto incorpora "criterios más restrictivos para la actuación en el sistema financiero nacional" y establece un concepto "de reciprocidad con los países de origen". A diferencia de la ley de Entidades Financieras vigente, que tiene una base liberal, el proyecto de Heller dispone "un listado taxativo de operaciones para los bancos comerciales con el criterio de banca universal" con lo que se abandona el concepto de admitir "toda operatoria que no se encuentre expresamente prohibida" de la ley actual. “Se está tratando de acotar la rentabilidad a criterios de razonabilidad y que las entidades no sean reguladas simplemente por el mercado; las crisis del mundo han demostrado que esto no deber ser así”, argumentó Heller. Asimismo, propone la creación de diversos instrumentos que regulen la relación de las entidades financieras con los usuarios, como el Departamento de Atención al Usuario, la Defensoría del Usuario y el Código de Conducta, encomendado al Banco Central. En este sentido, el diputado aclaró que sería necesaria la modificación de la Carta Orgánica del Central para incluir las modificaciones que plantea la norma. La ley de Servicios Financieros también estipula el establecimiento de “Servicios Esenciales” sin montos o con montos mínimos, destinado a los sectores de la población con menores ingresos. Para Heller, este nuevo proyecto “debería ser de interés para el conjunto de los legisladores”, por lo que aspira a que la iniciativa genere "grandes consensos" que permitan su sanción en la Cámara en el corto o mediano plazo. Objetivos centrales de la ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social: • Promover el acceso universal a los servicios financieros • Proveer medios de pago y transaccionales eficientes para facilitar la actividad económica y las necesidades de los usuarios • Fortalecer el ahorro nacional mediante productos financieros acordes a las necesidades de los usuarios • Proteger los ahorros colocados en las entidades financieras, en particular a los correspondientes a los pequeños y medianos ahorristas. • Impulsar el financiamiento productivo general, en particular de las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales • Promover el crédito destinado a satisfacer las necesidades de vivienda y consumo de las personas y grupos familiares • Alentar una distribución regional equitativa de la actividad financiera • Preservar la estabilidad del sistema financiero.
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