Alertados por un intento del juez Víctor Hugo Vitale de declarar inconstitucional la ley de expropiación de la ciudad, votada por unanimidad en la Legislatura en diciembre de 2008 y promulgada por el Ejecutivo en enero de este año, los trabajadores de Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentina (IMPA), una de las primeras fábricas recuperadas, se mantienen en asamblea permanente.

“Aún no hay pedido de desalojo, hay una amenaza del juez Vitale que quiere declarar inconstitucional la ley para luego pedir la restitución de la quiebra y mandar el desalojo, como ya lo hizo en abril del 2008”, explicó a Política&Medios Eduardo Murúa, referente de IMPA y del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas.

Murúa, en huelga de hambre junto a Sonia Gutiérrez hasta que se resuelva el conflicto, sostuvo que el avance sobre le fábrica existe, sin embargo consideran que como estaba prevista para la semana pasada, han detenido el avance de la medida. “El juez comprendió que no se está metiendo nada más con 63 trabajadores, sino con una representación del pueblo que le dice que no”, opinó.

“La empresa no es sólo de los trabajadores, sino del conjunto del pueblo. Por eso tenemos un centro cultural, un bachillerato para adultos con título oficial con 150 alumnos, una cooperativa de educadores e investigadores populares y hasta un centro de salud para todo el barrio que es gratis. IMPA hoy es más que una empresa recuperada”, señaló.

Si bien la semana pasada las fábricas recuperadas tuvieron un triunfo muy esperado con la expropiación de la cerámica Zanón en Neuquén, el dirigente considera que hay “una nueva ofensiva y que el problema es grave, con muchos jueces que está planteando el tema de la inconstitucionalidad”.

Es por eso que el Movimiento de Fábricas Recuperadas organiza para las primeras semanas de septiembre una gran movilización para pedir al gobierno nacional y a los legisladores nacionales que voten una ley para detener los desalojos a empresas recuperadas y movimientos sociales.

En apoyo a los trabajadores de IMPA, este mediodía se realizó una conferencia de prensa donde legisladores porteños, referentes sociales y diputados nacionales defendieron esa gestión obrera.

Presente en el acto, la diputada nacional Delia Bisutti, en diálogo con P&M explicó que “la Justicia quiere declarar la ley inconstitucional porque aún no se hizo el pago de las deudas, cuando en la propia ley se establece que el plazo es un año para pagar. Ese plazo aún no se cumplió, sólo pasaron siete meses así que hay algún manejo un poco turbio que desconocemos y vamos a hacer un pedido de reunión con el juzgado que tiene la causa”.

IMPA se mantiene en control obrero desde 1998, cuando los trabajadores recuperaron la fábrica abandonada por sus dueños e iniciaron el proceso para ponerla nuevamente a funcionar.

En el 2005 una interna por el posicionamiento con respecto al gobierno nacional, en ese entonces presidido por Néstor Kirchner, generó el desplazamiento de Murúa de la conducción. “En medio de eso aparece otra propuesta, que es la del señor Luis Caro y tres inversores,  pero se terminó convirtiendo en un negocio donde implicaban al juez Vitale y al síndico (Alejandro Debenedetti) para vender el edificio de IMPA”, recordó Murúa y explicó que “se les daba una indemnización a los compañeros de 2 millones y medio, se pagaba una hipoteca de 3 millones y los inversores, el síndico y el juez se repartían 12 millones de pesos”.

En agosto de 2007 la conducción original vuelve a ocupar la fábrica y comienza a producir casi desde cero. “Ahí empezamos a recibir las agresiones permanentes del síndico que quería cobrar un contrato que había hecho con los inversores, haciendo todo lo posible para que quebráramos”, sostuvo.

La situación actual, pese a la amenaza de desalojo, es positiva para los trabajadores de IMPA. “Estamos mejor económicamente. Nos estamos llevando 1900 pesos cada uno. Tenemos 63 trabajadores en la producción metalúrgica aparte de los que significa el tema cultural y de educación. En educación, a pesar que contamos con el reconocimiento de la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y les damos el título oficial a los alumnos, nuestros educadores todavía no cobran un peso desde hace 5 años, cuando comenzó a funcionar”, señaló el dirigente.

La lucha de Indugraf. La diputada Bisutti también acompañó hoy una conferencia de los trabajadores de la Cooperativa de Trabajo Gráfica Loria Ltda (ex Indugraf) en su reclamo por la defensa de su fuente de trabajo.

Allí, los dueños de la empresa realizaron una denuncia por usurpación a los trabajadores que tomaron la planta, por lo que no pueden entrar ni sacar mercadería. Con esto, “los trabajadores están despedidos, sin trabajo y sin poder hacer funcionar la fábrica, por eso con un conjunto de diputados nacionales pedimos una entrevista con el responsable del juzgado para conversar sobre el tema”.

Gerardo Aranguren