"El Estado venezolano tiene la responsabilidad de hacer que las personas involucradas en la masacre de El Caracazo, ocurrida el 27 de Febrero de 1989, respondan por los actos que cometieron", sostuvo este viernes la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, y anunció que, en ese marco, el lunes Venezuela solicitará la extradición del ex presidente Carlos Andrés Pérez.

La fiscal denunció que, en los 21 años que lleva la investigación, no existió interés de que se esclarecieran los hechos y que, por el contrario, hubo "mucho interés en ocultar lo que realmente había ocurrido".

"La única persona que puede aportar datos importantes para la investigación, en su condición de jefe de Estado para la época, es él. Es una de la personas presuntamente involucradas por ser jefe de Gobierno, y habría que precisar cuáles fueron las instrucciones impartidas por el ex presidente durante esos días", declaró la fiscal acerca de Pérez.

El 27 de febrero de 1989, la sociedad venezolana salió a las calles a prostetar contra una serie de ajustes económicos difundidos por el recién elegido gobierno de Pérez, a instancias del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las medidas fueron: incremento del 30 por ciento en los precios del combustible y las tarifas del transporte público urbano e interurbano, válido por tres meses, después de los cuales podrían aumentarse hasta el 100 por ciento.

Las protestas, fuertemente reprimidas por la Policía y el Ejército, dejaron una gran cantidad de muertos, que hoy aún no ha podido determinarse. Según el Gobierno de Pérez, fueron 300 las víctimas fatales, aunque testigos, investigadores y organizaciones de derechos humanos señalan que son más de mil.

Muchas de las víctimas fueron sepultadas en fosas comunes, específicamente en el sector de La Peste, ubicado en el Cementerio General del Sur en Caracas. Actualmente, las autoridades venezolanas han iniciado el proceso de exhumación para identificar los restos.

Chávez explicó que tras la masacre "se acrecentó dentro de la Fuerza Armada Nacional la necesidad de quitarse de encima la maldición de haber derramado la sangre del pueblo".

Por su parte, el presidente Hugo Chávez afirmó: “Lo del 27 y el 28 de febrero fue la insurgencia de un pueblo explotado y masacrado. La revolución profunda de un pueblo que se cansó de ser vejado y fue un disparador del 4 de febrero", en referencia al fallido intento de derrocamiento de Carlos Andrés Pérez en 1992 por parte de un grupo de militares encabezados por el actual jefe de Estado y otros cuatro tenientes coroneles, quienes acusaban al mandatario de someter al pueblo venezolano a la pobreza, la corrupción y la impunidad.

La fiscal Ortega Díaz fue dura con el ex mandatario Pérez y con los policías y efectivos militares que participaron de la represión, a quienes acusó de volcar “sus armas contra un pueblo indefenso”.

El nuevo aniversario coincide con un duro informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los supuestos riegos que atraviesa la democracia venezolana por el desconocimiento de derechos esenciales.

El Gobierno de Chávez respondió con la amenaza de retirar al país de esa organización, a la que el presidente calificó de "mafiosa".

La fiscal, por su parte, se preguntó: "Habría que constatar cuáles fueron las diligencias de la CIDH cuando ocurrieron los hechos de 'El Caracazo'. ¿Fue lo suficientemente diligente como para elaborar un informe como éste?".

La investigación. La fiscal anunció que para la próxima semana se tiene previsto presentar el acto conclusivo contra las personas que ya fueron imputadas por los hechos de El Caracazo.

Entre ellas está el ex ministro de Defensa Italo del Valle, el general retirado Manuel Heinz, ex jefe del Comando Estratégico de Caracas, el general de la Guardia Nacional retirado Freddy Maya y el ex director de la Policía Metropolitana, general retirado José Rafael León.

Ortega Díaz informó que además de 336 casos en investigación el ministerio Público determina las responsabilidades respecto a lesionados, desapariciones, torturas y violaciones a los derechos humanos ocurridas durante esos días.

Asimismo, se investiga por qué la morgue y el Cementerio General del Sur permitieron enterrar cadáveres sin los protocolos legales durante la represión contra una sublevación popular provocada por alzas de precios y otras medidas neoliberales dictadas por Pérez.