Bogotá rechazó la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para conocer la demanda de Ecuador por la muerte de un ciudadano de esa nacionalidad luego del bombardeo propinado por las fuerzas militares colombianas a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en la región fronteriza de Angostura.

La CIDH había citado a los representantes de ambos países a una audiencia en su sede de la capital estadounidense para revisar la demanda ecuatoriana. Desde allí, el ministro coordinador de Seguridad de Ecuador, Miguel Carvajal, afirmó que, de acuerdo con el informe realizado por peritos franceses, la muerte de Franklin Guillermo Aisalla fue causada por "golpes repetidos en el cráneo."

Este hecho refuta el comunicado del Gobierno colombiano, que asegura que el ciudadano ecuatoriano murió como consecuencia del bombardeo propinado por las fuerzas militares de Colombia a un campamento de las FARC ubicado en una zona selvática fronteriza de Ecuador.

Aquel ataque, ocurrido el 1 de marzo de 2008 y por el cual murieron el líder de las FARC, Raúl Reyes, y otras 24 personas, incluidos cuatro estudiantes mexicanos y el ecuatoriano Franklin Guillermo Aisalla, desató una crisis diplomática entre ambos países, que aún perdura.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, precisó que las relaciones diplomáticas con Colombia sólo se restablecerán cuando entreguen toda la información solicitada del bombardeo no autorizado de ese país al territorio de Angostura.

Por su parte,  el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alfonso Hoyos  señaló: “Quiero reiterar que hay unos escenarios apropiados para esta discusión. Esta honorable comisión, como está suficientemente claro, no es competente para tratar este tema”.

Hoyos añadió en un comunicado: “Colombia no tiene problemas con el hermano país de Ecuador, sino con un grupo de asesinos, narcotraficantes, terroristas y secuestradores llamados FARC”.

El pronunciamiento de la CIDH sobre la admisibilidad de la demanda planteada por Ecuador se podría conocer en unos cuatro meses.