Viernes 12 de Marzo de 2010 - 11:49hs. - República Argentina
 Lo señaló a P&M el coordinador General de la Autoridad Federal de Comunicación Audiovisual, Luis Lázzaro, sobre los fallos en Mendoza y Salta que suspendieron la nueva norma. El constitucionalista Miguel Julio Rodríguez Villafañe, por su parte, calificó como “aberrantes” las medidas judiciales y consideró necesario que el Estado utilice un per saltum para que la Corte Suprema falle y así evitar demoras.
 Fuentes del gobierno nacional confirmaron que los accionistas privados de la papelera "desobedecieron” la resolución del juez federal Eduardo Malde, dictada el lunes pasado, al resistir el apartamiento preventivo del Asesor Legal del Directorio, Enrique Pigretti.
 Los trabajadores estarían cerca de llegar a un acuerdo por la tercerización de los estudios, tras la violación de la conciliación obligatoria por parte de la empresa. Sin embargo, ahora se sumó una denuncia de los delegados por incumplimientos a la nueva ley de medios.
 Lo aseguró el ministro de Economía, Amado Boudou, quien anuló la unión de las dos mayores cableoperadoras del país y anticipó “un embate judicial”, que la empresa del grupo Clarín confirmó en un comunicado: “Cablevisión continuará defendiéndose de estas medidas destructivas que van en detrimento de una industria en crecimiento”, adelantaron sus autoridades.
 El lanzamiento gratuito del diario platense fue acompañado de despidos, renuncias forzadas y amenazas, que profundizaron una irregular situación laboral. “Esto es el corolario de una política de precarización del diario que es histórica”, dijeron a P&M desde el gremio Fetraccom, que recurrirá a el Ministerio de Trabajo provincial por las recurrentes violaciones del matutino de la familia Balcedo.
Lo decidió la secretaría de Comercio Interior, a cargo de Guillermo Moreno, que establecerá un precio igualitario al que deberá ajustarse el sector. La cartera argumentó que “la discrecionalidad en la fijación del precio opera como un mecanismo de exclusión de los usuarios". La decisión se produce después de dos fallos adversos que rechazaron la suspensión de aumentos en los abonos.
 La Cámara en lo Penal Económico dispuso apartar al secretario de Comercio Interior ante un reclamo del Grupo. En la causa se trata la apelación a la decisión de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de frenar la unión de los dos mayores cableoperadores del país.
 La organización realizó una radio abierta en la plaza de los Dos Congresos en defensa de la aplicación de la ley de medios, suspendida por una medida cautelar presentada por el diputado Enrique Thomas. “Es insólita la actitud del legislador, que no debatió en la cámara y ahora no respeta las decisiones del cuerpo que integra”, dijo a P&M Néstor Busso de FARCO.
 Desde la CNDC cuestionaron la decisión judicial que anuló la suspensión de los aumento de la TV paga y que, además, consideró que el único organismo que puede dictar medidas cautelares es un tribunal que aún no se conformó. “Si interpretáramos eso, no hay ningún órgano para defender a la sociedad de las prácticas anticompetitivas”, dijo a P&M el vicepresidente del organismo de control.
Los trabajadores habían parado ayer como forma de reclamo ante la decisión de la empresa de "alquilar los estudios del canal como si fueran galpones", una medida que, según afirmó a P&M la delegada de Satsaid, María Mercedes Kerpitchian, "fomenta la precarización laboral".
La disputa por la nueva norma se juega en Mendoza, donde cuatro magistrados de la Cámara de Apelaciones fueron recusados por el diputado Jorge Alvaro (foto) a partir de denuncias de organismos de derechos humanos. “No voy a permitir que jueces que hicieron la vista gorda a las torturas y asesinatos de compañeros juzguen un tema que tiene mucho que ver con las corporaciones y el poder real”, dijo a P&M el legislador.
La Presidenta desmintió que haya beneficiado a “empresarios amigos” en obras públicas en Santa Cruz. Aseguró que "acá no hay preferencias para nadie" y acusó a los diarios de “ocultar mejoras y obras para desinformar".
El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat consideró que el fallo de la jueza mendocina Olga Pura de Arrabal presenta una “incompetencia territorial” y otras irregularidades que ameritarían el enjuiciamiento de la magistrada.
Lo anunció el titular del nuevo Comfer, Gabriel Mariotto, quien además confió en que la situación se revierta rápidamente. En este sentido, explicó que el gobierno sostiene "múltiples razones jurídicas para tener plena vigencia de los derechos que se desprenden de la ley de la democracia".
 A partir de la campaña montada contra el programa televisivo “6,7,8”, la Revista 2010 realizó una profunda investigación sobre el origen de ciertas informaciones que utilizan grandes medios como Clarín, Perfil y La Nación. El rol de la “SIDE paralela” y sus agencias de espionaje disfrazadas de portales periodísticos. P&M publica un anticipo exclusivo.
La mandataria advirtió que el miércoles pasado el canal de noticias TN suprimió declaraciones suyas en las que hacía alusión a la causa por lavado de dinero contra los directivos del multimedio. “Eso lo censuraron los grandes líderes de la libertad de prensa", ironizó.
La entidad se sumó al pedido judicial realizado días atrás por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, al considerar que existen “graves irregularidades" en el funcionamiento del directorio de la empresa, en la que participan el Grupo Clarín, S.A. La Nación y el Estado.
 El coordinador general de la Autoridad Federal de Comunicación, consultado por P&M, señaló que la medida de la jueza mendocina Olga Pura de Arrabal "en ningún punto se vincula con el contenido de la norma, que es legítima, fue aprobada por amplísima mayoría en las dos cámaras y hoy está vigente".
En representacion del Estado Nacional, dueño del 27,46 por ciento del paquete accionario, Guillermo Moreno denunció a los directores de la empresa por "graves irregularidades de funcionamiento en el directorio” y pidió se acepte como medida cautelar "la intervención de la administración”.
 El presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual hizo referencia a la medida cautelar que, según el Grupo Clarín, podría dejar suspendida la norma. Según estimó en diálogo con Política&Medios, las causas serían revertidas “fácilmente”.
 El subsecretario de la Presidencia, Gustavo López, y la diputada Silvia Vázquez realizaron una presentación ante la Justicia para que se investigue la acumulación de un número de licencias radiales por parte de los empresarios que superaría lo permitido.
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia convocó a las empresas proveedoras del servicio y desplegará otras medidas con el objetivo de verificar el cumplimiento de la resolución por la que se ordenó retrotraer los precios.
 Lo aseguró Juan Diego Turraca, titular de la Federación Adiccra, que nuclea a pequeños diarios del interior. Además adelantó que iniciarán una respuesta legal a la medida cautelar presentada por los socios privados de la papelera y señaló a P&M que la empresa “nos cobra 30 por ciento más que a Clarín y La Nación”.
El magistrado Ernesto Marinelli fundamentó que la norma de la Secretaría de Comercio Interior “resulta probablemente inconstitucional”, por carecer Guillermo Moreno de facultades para dictarla. La decisión judicial afecta a numerosos medios gráficos que iban a acceder al insumo en mejores condiciones.
 Liliana Mazure, presidenta del Instituto de Cine, destacó en P&M las posibilidades de la televisión satelital gratuita, que permitirá “que todos los argentinos tengan acceso a la cultura”, aunque cuestionó las prácticas del Canal Volver, que es dueño los derechos de por vida del 80 por ciento de las películas de los últimos 25 años. También se refirió a la filmación de los juicios a represores y a la ley de Comunicación Audiovisual.
Las empresas de televisión paga habían anunciado una suba de entre el 6 y el 10 por ciento a partir de febrero, pero el organismo ordenó que retrotraigan los precios a noviembre de 2009. La CNDC también instó a las firmas a dejar de llevar adelante acuerdos internos para fijar precios.
 Después de meses de conflicto, la empresa editora Papel 2.0 garantizó la continuidad del medio y firmó una cláusula de no despidos. Los sueldos se seguirán cobrando en cuotas y retrasados, pero en días puntuales. “Es un descontrol, sólo que ahora quedó todo establecido en fechas y firmado”, dijo a P&M la delegada Martina Noailes, y señaló que “la gente estaba muy desgastada y creemos que esto nos va a dar un respiro”.
 Osvaldo Papaleo, cuñado del antiguo dueño de la papelera, detalla en esta entrevista el proceso de apropiación de la compañía durante la última dictadura militar. “Papel Prensa es el brillante negocio del Grupo Clarín”, por el que “pudo adquirir los 260 medios que hoy tiene en todo el país”, afirmó.
Formará parte del directorio del nuevo COMFER junto a Gabriel Mariotto, Manuel Baladrón, Jorge Capitanich y Eduardo Seminara. El abogado fue propuesto por la Bicameral y su candidatura no recibió impugnaciones. La ex diputada María Beatriz Lenz fue oficializada como integrante de Radio y Televisión Argentina.
 Así lo denunció la comisión interna del diario al acusar al Grupo Olmos de “apretar a la gente para que se canse y se vaya”. Andrea Salmini señaló además a P&M que la empresa quiere “tirar abajo el convenio colectivo y el Estatuto de Periodista e imponer una flexibilización laboral”.
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