
05/01
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual dictó sus primeras cuatro resoluciones para poner en marcha la nueva ley. Su titular, Gabriel Mariotto, dispuso el relevamiento de radios AM y FM, y de televisión abierta para armar el Registro Público de Licencias y Autorizaciones, entre otras medidas.
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), presidida por Gabriel Mariotto, comenzó a funcionar con cuatro resoluciones que ponen en marcha la aplicación de la ley de medios.
La nueva autoridad de aplicación dispuso el relevamiento de los servicios operativos de radiodifusión sonora, y de licencias, autorizaciones, permisos precarios y provisorios; como así también el ordenamiento de los servicios de televisión de baja potencia y la reglamentación del registro de señales. Mediante la resolución 1/2009 el organismo inició un relevamiento de los prestadores de servicios de AM y FM "para conocer la forma en la que se distribuyen geográficamente y la modalidad de prestación del servicio". En ese sentido convocó entre el 15 de enero y el 15 de marzo a "las personas de existencia visible o de existencia ideal, de derecho privado, con o sin fines de lucro que a la fecha del dictado de la presente resolución se encuentren operando servicios de radiodifusión sonora sin autorización". La resolución 2/2009 dispuso "el relevamiento obligatorio de las licencias, autorizaciones, permisos precarios y provisorios, y emisores reconocidas" que se encuentren vigentes "correspondientes a servicios de radiodifusión sonora (AM y FM) y televisión abierta en todo el ámbito de la República Argentina". Al igual que en la primera resolución, en este caso el plazo para la presentación se extenderá desde el 15 de enero próximo hasta el 15 de marzo. Con esta información, la AFSCA creará el Registro Público de Licencias y Autorizaciones, que permitirá "identificar al licenciatario o autorizado, sus socios, integrantes de los órganos de administración y fiscalización, parámetros técnicos, fechas de inicio y vencimiento de licencias y prórrogas, infracciones, sanciones y demás datos que resulten de interés para asegurar la transparencia". "La información que se recabe será relevante para la elaboración del plan de frecuencias, y la factibilidad de incorporar nuevas previsiones en las diversas localizaciones", señalan los considerandos de la resolución 2/2009. También señaló que una vez trascurrido el plazo, "quedarán automáticamente cancelados los permisos precarios y provisorios vigentes a la fecha del dictado de la presente y el reconocimiento de las emisoras, cuyos titulares no se hubieren presentado en los términos del artículo 2º", que dispone el propio relevamiento. Por su parte, la resolución 3/2009 que establece el ordenamiento de los servicios de televisión de baja potencia, ya que la AFSCA los consideró necesaria su operatividad ya que "por su alcance territorial acotado, dichos servicios se convierten en reflejo de las realidades locales y regionales y herramientas de afianzamiento de lazos sociales". En tanto, la última resolución reglamentó el Registro de Señales, en el que deberán inscribirse "los responsables de la producción y emisión de señales que se difundan en el territorio de la Republica Argentina". La aplicación de la nueva ley fue posible a partir de la apelación al fallo de la jueza mendocina Olga Pura de Arrabal, quien había suspendido toda la norma al aceptar una medida cautelar del diputado radical Enrique Thomas. El amparo fue presentado por Jorge “Pampa” Álvaro, diputado nacional por la Concertación, y rechazó la denuncia de Thomas, quien adujo la nulidad de la sesión por haber incumplido el reglamento interno del Congreso. “Todos estos argumentos fueron discutidos (y rebatidos por varios diputados) en la sesión del día 16/9/09”, señaló Álvaro y recordó que “hubo diputados que presentaron cuestiones de privilegio con estos fundamentos (no estuvo Thomas entre ellos) y algunos se retiraron de la sesión sin participar en el debate ni en la votación (es el caso de Thomas)”. “Lo que está detrás de esta demanda es la intención de utilizar al Poder Judicial para impedir la vigencia de esta ley que sin duda afecta a unos pocos pero muy poderosos grupos oligopólicos de los medios de comunicación audiovisual de nuestro País”, sostuvo.
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