El 30 de diciembre Jorge “Pampa” Alvaro, diputado mendocino por la Concertación, suspendió hasta febrero el fallo de la jueza Olga Pura de Arrabal al apelar la medida cautelar que presentó el cobista y felipista Enrique Thomas con el patrocinio del ex juez Luis Leiva, un ferviente anitkirchnerista.

“Este amparo permite que durante toda la feria judicial la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual esté en plena vigencia, después irá a la Cámara de Apelaciones”, dijo a Política&Medios el legislador quien rechazó cada uno de los argumentos de Thomas para declarar la nulidad de la sesión.

“Él dijo, sin poder aportar pruebas, que los despachos no se firmaron en el recinto de la comisión sino en cualquier lado. El segundo argumento es que la sesión es inválida porque empezó una hora  y 23 minutos más tarde. Nosotros le contestamos que al ser una sesión especial, en ninguna parte del reglamento interno se plantea cuánto tiempo hay que esperar para declarar falta de quórum y le recordamos que cuando se trató la resolución 125, la sesión empezó 6 horas después de convocada.”, sostuvo.

Otra supuesta irregularidad que denunció el legislador opositor fue que no se esperaron siete días para convocar a la votación, una obligación que no rige para las sesiones especiales según Alvaro.

“Si bien todos sus argumentos se basan en el reglamento interno de la Cámara de Diputados, Thomas no planteó nada durante la sesión, es más, se retiró y aparece como ausente”, agregó.

Aunque se esperaba una respuesta judicial por parte de las empresas de medios, para Alvaro fue sorpresiva la fuerza de la ofensiva y advirtió que “muchos sectores afectados pergeñaron una estrategia que creo que consiste en ganar tiempo y especulan con llevar la discusión a la Corte, encajonarla ahí hasta un supuesto triunfo opositor en 2011”, agregó el diputado.

Por último, opinó que “una jueza no se puede meter en las decisiones del Ejecutivo y el Congreso. El Poder Judicial a lo sumo puede aconsejar a otro poder, no puede escribir en sus fundamentos que la ley es insanablemente nula, ya que la votamos positivamente 147 diputados y 44 senadores”.

La jueza. “No es nada común que se falle sobre el reglamento de Diputados, la jueza además incursiona en el contenido de la ley, ya que opina que con la nueva norma se instituye la censura previa de forma bastante superficial”, aseguró Alvaro y recordó que la magistrada “ha sido sensible a los reclamos del grupo Vila Manzano”.

Además del sugestivo fallo contra la ley de medios, en los antecedentes de Pura de Arrabal hay dos casos donde favoreció a Daniel Vila y sus socios con medidas muy cuestionados.

Primero hizo lugar al amparo de Vila sobre una denuncia iniciada por la Universidad de Cuto por construir el barrio privado Dalvian SA en un terreno que le pertenecía, barrio en el que ahora vive la jueza.

La misma magistrada hace dos años dictó una medida que impidió por un tiempo la instalación de una antena repetidora de Canal 7. La decisión la tomó ante un amparo presentado por el Grupo Vila Manzano ya que su cableoperador Supercanal se vería afectado por la señal estatal. La medida fue luego revocada por la Cámara Federal de Apelaciones.