El diario Clarín se obstina en violarse a sí mismo. Su colega La Nación hace esfuerzos por aparecer políticamente correcto. Sin embargo ambos periódicos no pudieron disimular el desconocimiento voluntarios de los más elementales estándares de calidad profesional en su sistemática campaña de oposición a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, recientemente sancionada por el Congreso y promulgada por el gobierno argentino.

Así podrían sintetizarse algunas de las conclusiones a las que arribó la investigación realizada entre el 27 de agosto y el 11 de octubre de 2009 por los estudiantes del seminario de grado “Observatorio de Medios. Intencionalidad Editorial, un modelo teórico y metodológico” de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.

En el estudio también pueden leerse las conclusiones obtenidas respecto de cómo el diario Página 12 se diferencia de Clarín y La Nación, no sólo en lo que hace a su parcialidad política sino, y sobre todo, respecto del cumplimiento de técnicas profesionales tendientes a respetar las nociones de equilibro, requeridas para toda práctica periodística de calidad.

Una de las características que más llama la atención al encontrarse con el material de Clarín es la renuncia a toda sutileza y la infracción sistemática de las más usuales y básicas normas profesionales de cualquier medio gráfico que se presente como “independiente”, y cuya función, según dice el Manual de Estilo del diario Clarín, es “informar y promover la libertad de expresión, el pluralismo y el fortalecimiento de las instituciones democráticas”.

“En la sección Principios Generales de ese manual se indica que la noticia y su tratamiento deben responder a tres condiciones principales: la precisión, la integridad y la equidad. La cobertura realizada por Clarín respecto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha recorrido un camino inverso al propuesto por sus propias reglas”, sostienen los observadores.

El 28 de agosto, un día después del anuncio de la presidenta del ingreso del anteproyecto al Congreso, Clarín tituló: “Presentan la ley para controlar los medios”. A partir de esta denominación inaugural, toda vez que se refieran al proyecto de ley lo harán en ese sentido, tanto en los títulos como en el desarrollo de las notas.

De ahí pasaron a una denominación más expeditiva y contundente: Ley contra los medios. Para Clarín, el objeto de la ley es oponerse a la existencia de los medios de comunicación social. Ese discurso fue sostenido, entre otros, por los columnistas Eduardo van der Kooy y Julio Blanck.

Con la aprobación de la ley en diputados, estas denominaciones pasaron a ser más abreviadas: abreviadas “Ley mordaza”; “Ley de radioconfusión”; y, la más extendida “Ley de medios K”. Se destaca, además, que “el diario Clarín ataca al gobierno no sólo desde la Ley en cuestión, sino en forma totalizadora. Publica decenas de notas de opinión contra el gobierno”.

En este sentido, se ponen como ejemplos una nota de Ernestina Herrero de Noble (titular del grupo empresario que edita Clarín): “Ningún apriete torcerá nuestro compromiso con la sociedad”; un análisis de Ricardo Roa: “Un camino hacia el precipicio”; y un artículo de Julio Blanck que consigna: “donde dice libertad de expresión léase control y coerción”.

“Uno de los tantos objetivos de esa redenominación de la ley es imponer la falsa concepción de que los ejes centrales de la misma se refieren a la producción de contenidos y no a la distribución de frecuencias. Si uno lee ‘Ley mordaza’ o ‘Ley contra los medios’ se entiende que se está atacando a los contenidos y no la regulación de un espacio público. Las denominaciones de Clarín ocultan el objeto de la ley”, concluye el Observatorio de Medios.

La Nación, sin fisuras: cien por ciento en contra. Este diario, según destaca la investigación, optó por una oposición al proyecto de nueva ley de medios sin fisura alguna en su carga editorial. Durante el periodo analizado el tema de la ley de medios tuvo destacada presencia en su agenda informativa, en la cual un 13 por ciento del total de titulares se refirieron al mismo.

Se constató además que de las 137 notas relevadas sobre el tema, el 31 por ciento correspondió a notas de opinión; el 100 por ciento de éstas desarrolló argumentos opositores y críticos para con el proyecto de ley.

Los siguientes titulares fueron más que elocuentes: “El proyecto licua el derecho de propiedad”; “Prohibido escribir en la pared”; “Un proyecto autoritario” ; “La venganza fiscal” ; “El peligro de regular los contenidos”; “Restricción de la Libertad” ; “Violación a la libertad de expresión”.

Las fuentes citadas por La Nación fueron en su abrumadora mayoría de sectores opositores al proyecto de ley, descartando toda confrontación entre las mismas. Se consultaron voces pertenecientes al ámbito del empresariado mediático y de las telecomunicaciones, como se registró por ejemplo, con la presencia entre ellas de Daniel Vila, dueño de un multimedia.

Los informes completos, cuantitativos y cualitativos de la investigación pueden ser solicitados al correo electrónico elobservatoriodemedios@gmail.com. También puede consultarse el blog elobservatoriodemediosdeargentina.blogspot.com.