El especialista en ciencias de la comunicación Martín Becerra conversó con Política&Medios sobre la suspensión del artículo 161 que la Corte Suprema de Justicia impuso sobre la reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que algunos observadores interpretan como una suerte de venganza provocada por las agresiones que cayeron sobre los Supremos la semana pasada, en ocasión de una marcha que terminó con algunos controvertidos dichos de Hebe Pastor de Bonafini.

“La Corte Suprema distingue claramente entre esta cautelar y la que había promovido el peronismo federal, que boicoteó la discusión y sanción de la Ley de Medios en el Congreso y que obtuvo, con la anuencia de la Cámara Federal mendocina, la suspensión integral de la aplicación de la ley. Esta suspensión integral, festejada desde los grandes grupos de medios, fue desarticulada por la Corte Suprema de Justicia en junio de 2010”, explicó el mediólogo.

Pero también “la Corte Suprema recuerda que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se halla plenamente aplicable (con la excepción del artículo 161, para el Grupo Clarín únicamente) y aunque no lo diga así, esa vigencia se debe a la intervención de la propia Corte”, agregó Becerra.

En esa hipótesis, el tribunal superior le devolvería al gobierno el favor de las consignas coreadas en su contra en la movilización del martes 28 de septiembre último en Plaza Lavalle y de los comentarios a través de Twitter de la presidenta Cristina Fernández y de alguno de los ministros del Poder Ejecutivo.

El especialista sostiene que “la Corte argumenta que el gobierno ‘no ha logrado demostrar -con el rigor necesario en estos casos- que el mantenimiento del pronunciamiento que ataca pueda, en las actuales circunstancias, paralizar u obstaculizar la aplicación general del régimen consagrado en la ley 26.522 (la Ley de Medios)”.

Para Becerra, este párrafo del fallo sería otro golpe al gobierno, que en su estrategia polarizadora se obsesionó con el artículo 161 demorando la aplicación de una norma que contiene muchas otras disposiciones que permitirían desconcentrar el mercado de medios, cuya hipertrófica concentración es resultado de decisiones políticas adoptadas por todos los gobiernos desde 1974, y hasta 2008.

“La Corte Suprema insta a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal que dispuso la medida cautelar favoreciendo al Grupo Clarín a resolver la cuestión de fondo (si Clarín es afectado en sus derechos adquiridos) en un límite de tiempo ‘razonable’ e incluso invita al gobierno a solicitar la fijación de ese límite, a la vez que recuerda que ‘las medidas cautelares no constituyen sentencia definitiva o equiparable a ésta’”, dice.

Y recuerda el argumento quizá más doloroso para el gobierno: que fue el propio Poder Ejecutivo en 2005 quien prorrogó las licencias (Decreto 527/05 del ex presidente Néstor Kirchner).

“Ese decreto se inscribe en una serie larga de medidas a favor de la concentración de medios adoptadas durante la presidencia de Kirchner, mientras su alianza con Clarín se reflejaba en la línea editorial de los medios que el grupo controla y en las visitas de Magnetto a la Quinta de Olivos”.

¿Cómo se explica entonces no tanto el entusiasmo del ex presidente como la confianza que mostró en el acto donde los radicales K confirmaron su alianza con el gobierno? Acaso porque sabía que esto iba a suceder, o porque supo de su equivocación, o porque sabe que las cautelares que se multiplicarán por todo el país tienen los días contados.