Las Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), una controvertida entidad que reúne a los propietarios de las grandes corporaciones mediáticas del continente, continúa con su cumbre en Buenos Aires para condenar la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual promulgada en la Argentina, así como todos los procesos similares que se están desarrollando en América Latina.

Bajo la excusa de defender la “libertad de expresión”, el presidente de la SIP, Enrique Santos, remarcó que "hay un esquema legal que se está estableciendo a nivel regional para implantar leyes que buscan debilitar a los medios independientes y aumentar el control estatal".

Santos no sólo apuntó en este sentido contra la nueva norma de comunicación audiovisual argentina, sino que rechazó "las leyes de los últimos años en Venezuela”, que "de un momento a otro" se repetirán en Ecuador y otros países.

La SIP también tuvo palabras de repudio contra la presidenta Cristina Fernández por no acudir a la apertura de la 65ª asamblea de la entidad, aunque se llenó de regocijo con la presencia de quien construye su carrera opositora desde el seno de la Casa Rosada, el mendocino Julio Cobos.

El vicepresidente compartió la mesa principal de la conferencia junto a las máximas autoridades de la SIP, entre ellos el secretario de redacción del diario Clarín, Ricardo Kirschbaum, el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, y diversos empresarios de medios.

Pero antes, Cobos dejó en claro sus posiciones en un discurso ante la audiencia corporativa. Definió la ley de medios como “un primer paso que deberá ser perfeccionado en tiempos venideros”, adhiriendo de esta forma a los planes de la oposición de revisar la norma luego del 10 de diciembre.

"El proceso de construcción de las normas, y de ésta en particular, por ser tan importante para la democracia, debe realizarse en beneficio de todos y no en perjuicio de algunos demostrando así que somos capaces de construir metas colectivas sin afectar derechos individuales o sectoriales", aseguró el vicepresidente para contentar interlocutores.

Además, agregó que "una política de Estado en materia de comunicación" debe contemplar "una defensa irrestricta de la libertad de expresión, un mejor acceso a la información pública y criterios claros de distribución de la pauta oficial".

Cobos también habló sobre los “bloqueos” del sindicato de Camioneros sobre la distribución de diarios, al describirlos como "hechos lamentables, que debe ser condenado políticamente". En este sentido, reclamó "la intervención de quien ejerce la responsabilidad de garantizar el derecho a trabajar libremente, no solo por (parte de) la policía sino de la Justicia".

"Necesitamos más respeto por lo público, por el derecho a trabajar y a transitar. Cortar rutas o impedir que se trabaje libremente no es el camino a seguir", concluyó.

La Asamblea de la SIP, que se realiza en el hotel Hilton de Puerto Madero, cerrará mañana con un documento que expresará la posición de unas 800 empresas periodísticas de las tres regiones de América y del sistema de poder que sostiene a los grandes monopolios transnacionales.