La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que democratiza el espacio radioeléctrico argentino, volvió a sufrir un nuevo revés judicial, esta vez en tierras del vicepresidente Julio Cobos y a partir de la presentación de uno de sus aliados políticos más estrechos, el diputado nacional Enrique Thomas.

El legislador mendocino había pedido a la Justicia una medida cautelar al fundamentar que los miembros de las comisiones que debían debatir el contenido de la norma no pudieron "conocer a ciencia cierta en qué consistía el dictamen de mayoría", y que fue "irregular" la "constitución del quórum" para tratar la propuesta del Ejecutivo nacional.

Además, en su presentación mencionó "lo intempestivo de la convocatoria a una sesión especial, con escasas horas de anticipación", que "impidió que muchos diputados, en especial del interior, tuvieran siquiera la posibilidad de asistir".

Con la aceptación de la medida cautelar, dispuesta este lunes por la jueza federal de Mendoza Olga Pura de Arrabal, se suspende la aplicación de la ley de medios hasta que se registre un fallo sobre la cuestión de fondo y se establezca la nulidad o no de la norma cuestionada.

En diálogo con la radio local Nihuil, Thomas justificó su denuncia y estimó que "seguramente el Gobierno nacional apelará y la Justicia evaluará si mi pedido es correcto”.

“No nos podemos quedar con una ley de la dictadura pero tampoco podemos recurrir a argumentos antidemocráticos para superarla violando las normas. Los argentinos debemos elegir si vamos a respetar los procedimientos o no", agregó el aliado de Cobos.

Las declaraciones del diputado coinciden con las del vicepresidente, que hace poco más de un mes criticó la ley de Comunicación Audiovisual ante la asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y los principales referentes de los grupos mediáticos locales, como el CEO de Clarín, Héctor Magneto (foto). En esa oportunidad, Cobos dijo que la norma se aprobó bajo presión oficial y que debía ser “revisada” en poco tiempo (ver nota relacionada).

Otros fallos contra la ley de medios. El miércoles pasado el juez federal Edmundo Carbone suspendió la vigencia de los artículos 161 y 41 al aceptar una medida cautelar que había pedido el Grupo Clarín, generando una gran controversia sobre la falta de independencia de algunos magistrados frente a los grupos de presión económicos.

En tanto, el viernes último un juez federal de Salta, Miguel Antonio Medina, a partir de una presentación del Comité de Defensa del Consumidor (Codelco), suspendió los límites que fija la norma a la acumulación de licencias, frenó el plazo de un año para vender empresas que exceden esos límites y le ordenó al Poder Ejecutivo Nacional abstenerse de reglamentar la norma.