El juez federal sanjuanino, Leopoldo Rago Gallo, hizo lugar a un amparo presentando por la empresa Jorge Enrique Estornell S.A. del grupo Vila-Manzano de Mendoza, que posee el Canal 8 de San Juan, Supercanal y Diario Uno, y suspendió la aplicación de seis artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, aprobada por el Congreso nacional.

El amparo solicitaba la inconstitucionalidad de los artículos 8, 45, 46, 48, 73, 89, 158, 161, 165 de la Ley 26. 522, pero el magistrado solo hizo lugar a la suspensión transitoria de cuatro artículos (45, 46, 48 y 161) y sumó otros dos (42 y 43), relacionados con el derecho de propiedad.

Entre sus argumentos, los demandantes sostienen que la ley "viola la libertad de expresión”, “implica un daño económico para las empresas”, “limita las renovaciones de licencias” y en el caso específico de Supercanal, citan el supuesto peligro de pérdida de puesto de trabajo y la resignación de “ingresos de publicidad por 14 millones de pesos más IVA".

Se trata del cuarto revés judicial que sufre la ley, luego de las presentaciones realizadas por este y otros grupos de medios concentrados en otros puntos del país.

La primera resolución fue dictada por el juez federal Edmundo Carbone, de Capital Federal, a favor del Grupo Clarín, mientras que poco después se conoció la segunda medida, resuelta por el juez federal de Salta, Miguel Medina, quien suspendió los límites que fija la norma a la acumulación de licencias, frenó el plazo de un año para vender empresas que exceden esos límites y le ordenó al Poder Ejecutivo Nacional abstenerse de reglamentar la norma.

El tercer fallo fue el de la jueza federal de Mendoza, Olga Pura de Arrabal, quien suspendió la aplicación de toda la ley, tras evaluar que el Congreso habría cometido “irregularidades reglamentarias” durante el trámite de sanción parlamentaria.

Ayer, diversas organizaciones, asociaciones y agrupaciones políticas favorables a la democratización que habilita la nueva ley de medios se movilizaron en Mendoza para rechazar las resoluciones judiciales contra la norma.

Se trata de “una de las leyes más y mejor debatidas en la historia de la Argentina; ampliamente apoyada por universidades, asociaciones de comunicadores, ONGs y diversos organismos de la sociedad civil; y votada por rotunda e incuestionable mayoría en las dos Cámaras legislativas de la Nación”, aseguraron durante la protesta.

En el caso puntual del fallo de Mendoza, las organizaciones consideraron que “no es una coincidencia casual que la jueza Arrabal sea la misma que falló en favor del grupo UNO cuando éste interpuso acción judicial para impedir a miles de mendocinos ver Canal 7 de Buenos Aires.  Y, habrá que investigar su comportamiento, pues la posición ultraopositora del grupo Vila-Manzano a la Ley de Medios es conocida por todos”.