Desde el fallo de la jueza Olga Pura de Arrabal, que suspendió la ley de medios a partir de una medida cautelar del diputado cobista Enrique Thomas, la disputa por la aplicación de la norma se juega en Mendoza, sede del grupo Vila-Manzano.

Ahora es el turno de la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia  que deberá resolver las apelaciones del Estado Nacional y del diputado de la Concertación Jorge Álvaro, quién además recusó a la Cámara por denuncias de organismos de derechos humanos hacia cuatro de los jueces que habrían participado en la dictadura.

El diputado explicó a Política&Medios que su apelación a la Cámara se debe a que la jueza Pura de Arrabal lo admitió como parte en la causa “pero no me reconoció legitimidad para defender a la Cámara de Diputados”.

“El jueves pasado me presenté en queja en la Cámara de Apelaciones, fundamentando que si tengo entidad para ser parte de una causa, tengo entidad para toda la causa. Además, recusé a la Cámara, porque los integrante están denunciados por organismos de derechos humanos por su pasividad en delitos de lesa humanidad. En mi condición de damnificado por la dictadura, ya que estuve detenido 8 años y medio en La Plata, Cierra Chica, Coronda y Rawson”, resumió Álvaro.

Los jueces recusados, Otilio Romano, Julio Petra, López Cuitiño y Luis Miret, han dejado en libertad a todos los represores que están siendo juzgados en las provincias de Mendoza y San Luís.

Sobre esto, Alvaro señaló que “los camaristas, salvo uno, fueron funcionarios judiciales durante la dictadura, de los que omitían las denuncias por torturas y desapariciones. En Mendoza hay 200 desaparecidos, y en los juicios y causas, no hay ni una sola prisión preventiva para ningún represor”.

“Luis Miret, además, es íntimo amigo del general Teófilo Saa, que fue el jefe del ejército que operó acá en el año 76 y está acusado de varias desapariciones en las dos provincias”, agregó.

Por otro lado, indicó que Julio Petra “hace poco sacó un fallo a favor del grupo Vila, en la causa contra el Estado Nacional y la Universidad Nacional de Cuyo por usurpación de 33 hectáreas de terreno para hacer la ampliación de un barrio privado”.

“No voy a permitir que jueces que hicieron la vista gorda a las torturas y asesinato de compañeros míos juzguen un tema que tiene mucho que ver con las corporaciones y el poder real. Hay una matriz corporativa en todo, muy antigua, y la ley se va a seguir embarrando”, sentenció.

El diputado de la Concertación se refirió además a la medida cautelar introducida por Thomas y a la jueza Olga de Arrabal.

Consideró que los argumentos del legislador cobista “tienen que ver con el reglamento de la Cámara de Diputados, pero no con la Justicia. Por que él muy lateralmente objeta la ley, pero sus argumentos principales son reglamentaristas”, y aseguró que “si no fuera por la jueza, esto era una anécdota muy menor”.

También indicó que Olga Pura de Arrabal “tuvo más pretensión mediática que jurídica” ya que “el fallo cautelar se publicó primero en el diario Los Andes (del grupo Clarín), se publicitó, antes de seguir los pasos de rigor que estipula la Justicia, que es notificar al Estado Nacional”.

La ley en el Congreso. En la reunión de la Comisión de Comunicación, donde la diputada de la Concertación Silvia Vázquez fue votada como titular, los legisladores opositores, entre ellos la radical Silvana Giudici, adelantaron que su intensión es introducir modificaciones en la ley.

En Brasil. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva no quiere concluir su segundo mandato sin introducir una ley de medios para combatir los monopolios, cuyo principal exponente es Red Globo, la mayor empresa de medios de Latinoamércia y número cinco en el mundo (cuenta con TV Globo, el canal de mayor audiencia, es el mayor productor de contenidos del país, posee el diario más vendido, O Globo, y más de un centenar de emisoras de radio).

En diciembre pasado Lula abogó por un marco legal "más democrático", con un nuevo sistema de distribución de licencias que garantice el "pluralismo" y evite una situación en la que "unos pocos grupos empresariales ejercen el control casi absoluto sobre la producción y divulgación de los contenidos informativos y culturales".