A partir de las declaraciones del titular del COMFER, Gabriel Mariotto, que contó en una entrevista que tuvo una “radio trucha” a finales de los '80, no se hizo esperar la respuesta de la diputada Silvana Giudici, que recorre los foros empresariales rechazando la discusión de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La titular de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja dijo lo siguiente: “Que el funcionario que promueve una Ley que se supone que es para mejorar las condiciones de radiodifusión se burle del tema es una situación delicada, le pido que revise esas declaración y que venga al Congreso”, y agregó que, “entonces, ¿el policía debe ser ladrón antes o el secretario de lucha contra el narcotráfico debe haber sido dealer en su juventud?”.

El coordinador para América Latina y Caribe de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Ernesto Lamas, consideró en un comunicado que “la diputada no tiene mucha idea del tema que le toca en la Cámara. Habría que informarle que la Declaración Universal por los derechos humanos tiene un artículo 19 donde está expresado el derecho a la comunicación. Dicho artículo dice que ‘todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión’”.

Lamas prosiguió diciendo que “luego de la recuperación de la democracia, fueron muchos los ciudadanos que crearon medios de comunicación para hacer uso de ese derecho. Si hubiesen esperado a que exista una ley que los ampare, aun estarían en silencio. Existen muchas radios comunitarias que cumplen un papel fundamental en la comunicación ciudadana, que transmiten desde hace más de 20 años y aun no tienen un permiso que las reconozca. Son legítimas pero no legales”.

“Comparar a los radiodifusores comunitarios con narcotraficantes es de una bajeza singular –declaró Lamas- La diputada no tiene idea del reconocimiento que estas radios -que algunos llaman truchas- tienen en sus comunidades y el trabajo social que han realizado durante todos estos años”.

El coordinador de AMARC concluyó “tenemos esperanzas en este proyecto de ley que se está discutiendo en los foros y esperamos que pronto sea tratado por el Congreso de la Nación, ojalá con menos superficialidad que la que expresa la diputada”.

Néstor Busso, reconocido militante de la Coalición por una Radiodifusión Democrática y secretario del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), dijo en diálogo con Política&Medios que la diputada Giudici “evidentemente está defendiendo la vigencia de la ley de la dictadura. Seguramente con eso logra algunos minutos de pantalla en Canal 13 o unos centímetros más en el diario Clarín. Me gustaría que la diputada se ocupe de debatir el contenido del proyecto de ley, todo lo demás son chicanas políticas intrascendentes”.

Sobre la comparación que realizó la diputada de las radios truchas con el narcotráfico, Busso explicó que “si dijo eso, no tiene idea de lo que es la radiodifusión en Argentina, prácticamente todas las radios han estado fuera de le ley, porque es el Estado el que ha incumplido la Constitución y ha incumplido los tratados internacionales al tener en vigencia la ley de la dictadura”.

En ese sentido recordó que “truchas es un calificativo que se usó en una época y nada tiene que ver con lo comunitario. La mayoría de las radios denominadas truchas son comerciales y surgieron a finales de la década de los 80, como una necesidad de expresión de nuestro pueblo justamente ante el pequeño número de radios del plan de la dictadura militar. Han sido una forma de ejercicio a la libertad de expresión. El otro elemento importante fue la postergación, hasta la aprobación de una nueva ley de radiodifusión, de todos los concursos de licencias a través de un decreto en el año 84 del presidente Raúl Alfonsín. A partir de eso, el Estado quedó en una situación de ilegalidad en la práctica, que así fue declarada por numerosos fallos judiciales, lo que hizo que, para ejercer la libertad de expresión, surgiera gran cantidad de radios truchas”.

Según contó el referente de FARCO, el proyecto de ley de Comunicación Audiovisual establece un proceso de normalización del espectro, y establece el plazo de un año para que la nueva autoridad de aplicación resuelva la adjudicación de licencias, tomando en cuenta la existencia de las radios que están en el aire. “Es una normalización que estamos esperando hace 20 años”, destacó.