El coordinador general de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Luis Lázzaro, se refirió a la suspensión de la Ley Medios ordenada en un fallo de la jueza mendocina Olga Pura de Arrabal, a quien diversos sectores de la provincia acusaron de estar vinculada a los intereses concentrados, como los del Grupo Vila-Manzano.

"Técnicamente (la suspensión) es una posibilidad esporádica, porque obviamente está sujeta al recurso y a la apelación que va a presentar la Autoridad Federal", afirmó en diálogo con Política&Medios.

"Me parece interesante señalar que ésa medida en ningún punto se vincula con el contenido de la Ley", apuntó Lázzaro y amplió: "El argumento se refiere a cuestiones de procedimiento. No hay dudas que la norma es absolutamente legítima".

En ese sentido, calificó la medida de la jueza como una "intromisión en el procedimiento de otro Poder, que es el Legislativo", dado que, según indicó Lázzaro, el planteo judicial fue realizado por el diputado Enrique Thomas, pero en calidad de ciudadano.

El fallo de Pura de Arrabal fue el tercero que se conoció el año pasado para complicar la aplicación de la norma de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en octubre último. La magistrada suspendió la aplicación de toda la ley, tras evaluar que el Congreso habría cometido “irregularidades reglamentarias” durante el trámite de sanción parlamentaria.

Anteriormente, el juez federal Edmundo Carbone, de Capital Federal, había resuelto a favor del Grupo Clarín, mientras que poco después se conoció la segunda medida, resuelta por el juez federal de Salta, Miguel Medina, quien suspendió los límites que fija la norma a la acumulación de licencias, frenó el plazo de un año para vender empresas que exceden esos límites y le ordenó al Poder Ejecutivo Nacional abstenerse de reglamentar la norma.

Lázzaro enfatizó que la Ley fue "aprobada por amplísima mayoría en las dos cámaras y publicada en el Boletín Oficial. Es una medida que cumplió todos los requisitos de legalidad y está vigente".

El funcionario afirmó además que, a pesar de las trabas, piensan "seguir trabajando con todas las instancias que prevé la Ley", en alusión al directorio de la Autoridad Federal y a la totalidad del Consejo Federal, que representa a las provincias y a distintos sectores, entre los que se incluyen las cámaras empresarias, los trabajadores y las universidades.

Por último, explicó que su organismo avanza con el "registro de licenciatarios autorizados y estaciones que se encuentran operativas" con la finalidad de poder hacer "un relevamiento completo del mapa de la comunicación audiovisual del país".

Esta información, que estaría lista en marzo, habilitará “un Plan Técnico Nacional, que es una deuda con el conjunto de los sectores de la radiodifusión para poder avanzar con las reservas de espectro que establece la Ley", concluyó el coordinador.

Andrés di Fiore