El gobierno, a través del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, querelló a los representantes privados del Directorio y del Consejo de Vigilancia de Papel Prensa por la comisión de delitos contemplados en los artículos 301, 239, 172, 173 y 174 del Código Penal, que establecen penas de entre seis meses y dos años de prisión.

La medida recayó sobre los directores nombrados por los accionistas mayoritarios de la empresa, el Grupo Clarín y La Nación: Julio César Saguier, Jorge Carlos Rendo, Alberto Maquieira, Guillermo González Rosas, Saturnino Herrero Mitjans, Alejandro Julio Saguier y Hernán Pablo Verdaguer. También sobre sus asesores legales, Enrique Pigretti y Carlos Collasso.

El artículo 301 reprime con prisión de seis meses a dos años a los directores, gerentes, administradores o liquidadores de una sociedad anónima o de otra persona colectiva que a sabiendas prestaren su concurso o consentimiento a actos contrarios a la ley o los estatutos, de los cuales pueda derivar algún perjuicio.

El 239 está destinado a imponer pena al que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones y los artículos 172, 173 y 174, al que defraudare en violación de los deberes confiados y con perjuicio a la administración pública, dado que el Estado Nacional posee una participación accionaria del 27,46 por ciento en Papel Prensa.

En una presentación de 20 carillas, según informó la agencia Télam, Moreno detalla las "irregularidades" cometidas por el Directorio de Papel Prensa, no solo en cuanto a la conformación de ese órgano y el contenido de sus reuniones y sus resoluciones, sino fundamentalmente ante la negativa de la empresa a suministrar información al Estado, en su carácter de accionista minoritario.

Además, se hace mención a las actuaciones seguidas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) para corregir estas irregularidades, sin que el Directorio haya prestado colaboración alguna, destacando "la intervención del ente, como intento de poner un punto final a sus resistencia a la autoridad de aplicación".

También refiere a la resolución del juez Eduardo Malde, que el 8 de este mes decidió nombrar a un coadministrador en la empresa Papel Prensa y suspender todo lo actuado en las reuniones de directorio, luego de la denuncia por irregularidades en el funcionamiento del directorio que hiciera el Gobierno nacional.

Quien quedó a cargo de la coadministración es Carlos Bianchi, quien ya ocupaba un lugar como interventor judicial dentro de la papelera.

Moreno puntualiza que en esa resolución, Malde determina que los ahora querellados "han violado los derechos que como accionista ostenta el Estado Nacional, tales como su derecho de información y su derecho a estar efectivamente representado en el Consejo de Vigilancia, en obstrucción del buen servicio de los funcionarios públicos".