La estrategia de la oposición política y de las corporaciones mediáticas para detener  el avance de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se basó en medidas cautelares sobre los artículos de la norma, como en el caso de los fallos del juez federal Edmundo Carbone y del magistrado salteño Miguel Antonio Medina la semana pasada.

Esta vez la medida precautoria, aceptada por la jueza mendocina Olga Pura de Arrabal (foto), suspende la aplicación de toda la ley por un “cúmulo de irregularidades” en la sesión, según denunció el diputado Enrique Thomas.

En diálogo con Política&Medios, el jefe del bloque del Frente para la Victoria en Diputados, Agustín Rossi, sostuvo que “no hubo ninguna irregularidad en todo el trámite”, y consideró “extraño que un poder se fije sobre el reglamento interno de la Cámara de Diputados”.

El legislador recordó que Pura Arrabal “impidió durante mucho tiempo que se pudiera ver Canal 7 en distintas ciudades de Mendoza porque  interfería la trasmisión de un canal privado que pertenece al grupo Vila-Manzano”, y señaló que “el esquema de prioridades de la jueza es bastante extraño”.

De esta manera, Rossi se hizo eco de las denuncias que existen contra la magistrada por favorecer los intereses privados del holding mendocino, uno de los más acérrimos opositores de la ley de Comunicación Audiovisual.

Gracias a su intervención a favor de Supercanal SA (Grupo Uno) -luego revocada por la Cámara Federal de Apelaciones-, Pura Arrabal consiguió interrumpir en 2008 la señal de aire de Canal 7, actuando “como parte de un grupo de intereses político-mediático-judicial”, según destacó el periodista Eduardo Anguita en una nota publicada en El Argentino.

Rossi también destacó la filiación cobista del diputado que presentó la denuncia contra la ley de medios: “Más allá que Thomas está con el peronismo disidente tiene una relación directa con el vicepresidente y la denuncia fue presentada en la ciudad de Mendoza, así que hay una serie de hilos que se pueden ir atando”, opinó.

Uno de los argumento del legislador Thomas es que la celeridad del proceso parlamentario impidió “conocer a ciencia cierta en qué consistía el dictamen de mayoría".

Para Rossi “es un fundamento que no tiene ningún sentido, más cuando el diputado se levantó del recinto y se fue sin tratar la ley. En realidad el diputado mostró bastante desinterés en el tratamiento y ahora califica este desinterés como una imposibilidad fáctica, cosa que no es así. Por otro parte, cuando entramos al recinto y tratamos el proyecto todos tenían en su banca el proyecto impreso con la orden del día, así que nadie puede alegar desconocimiento”, y consideró que “es claramente poco ajustado a derecho el fallo de la jueza”.

“Cuando se aprobó la ley en comisión se leyó punto por punto cada uno de los artículos, así que cada uno podría haber prestado la suficiente atención. Ahora, las falencias de uno no se pueden expresar como fallas de la reglamentación”, agregó.

El diputado también señaló que esperaban este tipo de reacción por parte de los sectores afectados por la nueva ley, ya que “desde el debate había alertado sobre las distintas instancias de judicialización”, pero destacó que “son medidas cautelares, no hay opinión sobre la cuestión de fondo en cada uno de los casos. Habrá que ver cómo evoluciona pero es factible que termine en la Corte Suprema”.

Argumentos. La denuncia de Thomas hace referencia a "los graves e insalvables vicios" en que incurrió el trámite parlamentario, como la “irregular constitución del quórum” para tratar el proyecto y la imposibilidad como diputado para analizarlo correctamente.

La jueza por su parte señaló que “lo intempestivo de esta convocatoria a una sesión especial, con escasas horas de anticipación, impidió que muchos diputados, en especial del interior, tuvieran siquiera la posibilidad de asistir”.