La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) cerró hoy en Buenos Aires su asamblea general con un documento que enumera varios cuestionamientos a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aunque sin limitarse a la Argentina, ya que en otros puntos habla de la “proliferación de mecanismos legislativos y arbitrarias decisiones judiciales” en otros países latinoamericanos, que “sirven para acosar" a medios de comunicación e informadores.

Según la SIP, Cuba "se distingue como uno de los mayores controladores y censuradores" de Internet, mientras que Venezuela propuso "una ley de delitos mediáticos y ha cerrado 34 emisoras".

El gobierno bolivariano y, particularmente, Hugo Chávez son acusados de dirigir la “tendencia contra la libertad de prensa” a nivel regional. "No es casualidad", dice el informe de la entidad patronal, que "varios gobiernos estén ahora unidos por una ideología exportada desde Venezuela por el presidente Hugo Chávez".

"Esta tendencia se refleja en legislaciones de diversos países como la nueva Ley de Servicios Audiovisuales, promovida por el Gobierno de Argentina en el marco de una inédita campaña de hostigamiento a los medios independientes, y el Proyecto de Ley de Comunicación" que impulsa el presidente de Ecuador, Rafael Correa.

Para la SIP, el texto de la norma aprobada por el Congreso argentino el mes pasado, “compromete principios constitucionales básicos, como la libertad de expresión, el federalismo y el derecho de propiedad, así como principios supranacionales de Derechos Humanos".

Además, solicitó a los legisladores que asuman el próximo 10 de diciembre que “revisen” el contenido de la ley para ajustarlo a "los parámetros internacionales que rigen en materia de regulación" mediática.

Ante este nuevo informe condenatorio, Política&Medios dialogó con el director del Observatorio de Medios de Argentina, Víctor Ego Ducrot, quien calificó a la SIP como una “cueva de gangsters”.

“El comportamiento de las patronales mediáticas concentradas sigue métodos gangsteriles. En realidad, la SIP debería dar cuanta, por ejemplo, por qué no dice nada sobre el golpe de Estado en Honduras, en vez de estar preocupándose por una ley de medios que fue sancionada por un Congreso nacional y bajo las reglas de juego de un Estado de derecho. Son unos gangsters y el calificativo de ‘mentirosos’ les queda liviano. La SIP es cómplice de homicidio, de torturas, de desaparición forzada de personas”, dijo Ego Ducrot al recordar que, a lo largo de su historia, la entidad patronal interamericana dio un decidido apoyo a las dictaduras militares de la región y justificó todos los genocidios y violaciones de los derechos humanos.

“¿Por qué la SIP critica realmente la ley (de Comunicación Audiovisual)? Porque se trata de una ley de la democracia, que propone democratizar la palabra, que pretende darle cumplimiento efectivo al derecho a la información y porque, fundamentalmente, es una ley que revisa y tiende a impedir la concentración oligopólica por parte de las empresas mediáticas”, explicó el académico.

Ego Ducrot consideró en este sentido que los argumentos contra la norma que hablan de “violación a la libertad de prensa” son “verdaderos disparates” basados en “una mala intención que los lleva a tergiversar la lectura” que ponen de manifiesto las grandes corporaciones de todo el continente.

“En el texto de la ley de medios argentina no hay un solo artículo que se refiera a contenidos, o a mecanismo regulatorios de los contenidos. Es una ley que no hace otra cosa que establecer un régimen jurídico de regulación del espacio radioeléctrico, el cual es de dominio público. En rigor de verdad, lo único que hace es darle un instrumento al Estado para poder cumplir con su obligación, que es administrar como corresponde el patrimonio de todos”, aclaró.

Y al respecto agregó: “Donde la democracia avance sobre los privilegios de las corporaciones mediáticas, allí estará la SIP hablando de violaciones a la libertad de prensa, discurso que no tiene lógica ni siquiera desde los principios conservadores en términos de derechos y garantías constitucionales”.

“Las empresas periodísticas y los periodistas reclaman la garantía efectiva de la libertad de prensa como si fuese un derecho que la ley les concede a ellos exclusivamente. ¿Y la libertad de prensa del señor que trabaja como plomero cuál es? Porque se trata de una de las tantas garantías que la Constitución le otorga a todos los habitantes del territorio argentino, sean o no argentinos. En ningún lugar dice que la libertad de prensa sea un derecho corporativo o exclusivo de los encargados de producir contenidos mediáticos”, aseguró.

El director del Observatorio de Medios de Argentina, que hace unos días presentó junto a otros investigadores un libro fundamental para entender a los medios de comunicación (“Sigilo y nocturnidad en las prácticas periodísticas hegemónicas”, editado por el Centro Cultural de la Cooperación), adelantó a P&M que en los próximos días se dará a conocer un estudio sobre las coberturas de tres diarios nacionales durante el debate parlamentario de la ley de medios.

“Uno de los informes demuestra con innumerables ejemplos cómo el diario Clarín viola su propio manual de estilo periodístico. Allí se ve que el carácter perverso de las corporaciones mediáticas llega a un punto tal en que se convierten en violadores de sus propias reglas de estilo”, señaló Ego Ducrot como anticipo del observatorio realizado desde la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP).