La comisión que preside Martín Hourest, del bloque Igualdad Social (IS), no hizo lugar a los intentos para sacar de ese puesto a Gabriela Cerruti que interpusieron los cinco diputados del PRO de los diecisiete que componen ese organismo. 

Gabriela Cerruti, legisladora porteña por el Nuevo Encuentro que orienta a nivel nacional el diputado bonaerense Martín Sabbatella, dijo a P&M que los cinco diputados del PRO que componen la comisión que investigará los supuestos delitos de la administración Macri en el orden de la seguridad “no tiene carácter vinculante”, pero que “las recomendaciones que hagan los diecisiete miembros del organismo, deberán ser tratados en el pleno de la Legislatura”.

“Esta comisión investigará, y eso se sabe desde un principio, la responsabilidad política del jefe de Gobierno y de varios de sus asesores en esa materia. No tiene atributos jurídicos y sólo puede sentar precedentes”, agregó.

Sobre los episodios que la tuvieron en el centro del debate, la diputada aseguró que “una vez nombrado el presidente, Hourest (hace dos días), y ante la ausencia de los legisladores del PRO, se empezó a trabajar. Pero mi cargo ya estaba decidido. Cuando el PRO se hizo presente puso el grito en el cielo, argumentando una incorrección institucional que no existía, y a la que no se le dio lugar”.

Entonces fue que se nombró a Martín Ocampo, un ex radical pasado a las filas de Macri, como vicepresidente de la comisión. “El problema conmigo, al parecer, es que se me acusaba de querellante en la causa (por las escuchas ilegales) cuando la verdad es que soy testigo”. El problema, en rigor, es político.

Sin embargo, hay que decir que la creación de la comisión tiene por objeto investigar no sólo las escuchas ilegales por las cuales Macri está acusado, sino también el protocolo de creación de la Policía Metropolitana, y la inclusión en ese espacio a policías vinculados a diversos aparatos de inteligencia, desde Jorge “el Fino” Palacios hasta Ciro James y Osvaldo Chamorro.

Los diputados del PRO que componen el dispositivo son Ocampo, Martín Borrelli, Cristian Ritondo,
Lidia Saya y Fernando De Andreis, un muchacho con ínfulas, que acusó a Hourest de haberlo amenazado, y a su vez amenazó con llevar (a Hourest) a los tribunales. Esa información, los únicos
medios que la destacaron fueron los alineados con Propuesta Republicana. Notablemente, en los
portales de los diarios La Nación y Clarín no figuraban los avatares de la sesión de apertura, que se
reunirá otra vez el próximo martes por la mañana.

Cerruti fue al grano: “la competencia de la comisión es investigar por qué existieron escuchas ilegales, por qué una organización como la Policía Metropolitana, que tiene expresamente prohibido por la constitución comunal hacer inteligencia, contaba entre sus miembros a un agente de inteligencia como Ciro James, y otros que como él hacían inteligencia. Eso llevará a saber cómo fue pensada esa institución, y en arreglo a qué objetivos”, dijo la diputada.

En los corrillos posteriores a la reunión -donde se reglamentó el procedimiento- se supo que Ritondo, ex asesor de Miguel Angel Toma en la SIDE, se enteró antes de entrar a la sala de reuniones cuál era la diferencia entre querellante y testigo. Algunos dicen que es ignorancia. Y otros, mala fe: política.

La legisladora consideró que “con la reglamentación se dio un paso importante” porque “todos los participantes van a poder expresar su punto de vista, mostrar informes y presentar testigos”. “Es cierto que se podrían presentar cientos de testigos, pero si eso se hace para licuar la eficacia de la comisión, puede pasar que como reacción, se haga lo mismo del otro lado”. En ese juego de suma cero, quienes todo para perder son los integrantes del PRO.

El 1 de diciembre es la fecha tope acordada para el final de las presentaciones y los testimonios. Y el 15 de ese mismo mes, para que cada legislador (o el que quiera) emita una suerte de dictamen o recomendación que elevadas en conjunto al pleno del poder legislativo, eventualmente podrían despejar las responsabilidades de los funcionarios del PRO en cuanto al cumplimiento o no de la Ley de Seguridad, y hasta la posibilidad de poner en marcha el juicio político a Mauricio Macri.