"No estaríamos frente a un proyecto, sino frente a una amenaza", definió hoy el titular de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, al ser consultado sobre la posibilidad de que se nacionalice el comercio exterior de granos en medio del diálogo iniciado entre la Mesa de Enlace y funcionarios del gobierno nacional.

Según versiones periodísticas, el Gobierno tendría listo un borrador con la mira puesta en la cosecha de soja que permanece retenida en los campos. En la información se detalló que el supuesto plan contempla un único comprador y vendedor de granos, harinas y aceites que se encargaría de abastecer la demanda doméstica y comercializar al extranjero los saldos exportables. Esa función, de acuerdo a los mismos rumores, recaería en la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) que encabeza Ricardo Echegaray.

Desde la Casa Rosada reconocieron que existe "un proyecto en estudio sobre el comercio de granos", pero aclararon que "no es el publicado en los medios (Clarín, La Nación y Ámbito Financiero)".

No obstante, Biolcati trató dejar sentada su propia amenaza: "La medida excede a la imaginación de cualquiera de nosotros y va a ser resistida fuertemente por el sector agropecuario, mucho más que la 125", que estableció el esquema de retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias luego rechazado en el Congreso.

"El sector sojero no quiere la nacionalización de la exportación porque cuida, obviamente, sus intereses", sostuvo el director general de la Fundación PROTEGER, Jorge Capatto, en diálogo con Política&Medios, aunque consideró que el tema debe abordarse desde otro ángulo porque lo que ocurrió el año pasado durante el conflicto entre el Estado y las entidades patronales del agro plantea "un nuevo esquema político donde se puede torcer el brazo del Congreso Nacional con una presión mediática, pero también en la ruta"

Para Capatto "la cuestión de la soja es una ecuación que social y económicamente no cierra. Si cierra para el gran productor que se aprovecha de un sistema que le permite transferir todos los costos a la sociedad. ¿Quién paga los costos de salud derivados del impacto de los tóxicos con los que se fertiliza? ¿Quién paga el deterioro del agua? ¿Quién la asistencia a los inmigrados rurales que hoy no pueden producir otra cosa que no sea esta oleaginosa?"

Estos costos los pagan "el Estado y los contribuyentes. De esta forma es muy fácil obtener ganancias, valiéndose de un sistema perverso que permite que unos pocos ganen todo", agregó.

El doctor en agronomía Walter Pengue, por su parte, dijo a P&M que "hoy a un productor no le conviene plantar otra cosa que no sea soja" y destacó los perjuicios de este modelo que se expande incluso en terrenos no aptos para cultivos.

"En el norte de Argentina estamos haciendo una investigación con respecto al esparcimiento de la frontera y esto impacta contra las personas y el ecosistema. Un ejemplo de este trabajo es que vimos cómo las comunidades wichis allí están siendo corridas directamente por intereses sojeros", explicó el especialista.

En la misma línea, el responsable del Grupo de Ecología del Paisaje y el Medio Ambiente (Gepama) e investigador del Conicet, Jorge Morello, sostuvo que el Gobierno nacional, las provincias y los municipios toman medidas que incentivan a que sólo se produzca esta oleaginosa. "Están obligando a la gente que plante soja, porque es lo que les da seguridad. La frontera sigue abierta y está, altamente, activa", denunció.

Morello también explicó que el modelo sojero continúa inalterable y que ha tenido su más alto nivel de productividad durante el año pasado, provocando "un desequilibrio de nutrientes en el suelo".

En tanto, Gerardo Mesquida, técnico de Telar (grupo de ingeniería que trabaja con comunidades campesinas) y coordinador de Paren de Fumigar en Oncativo, Córdoba, destacó el impacto de la producción sojera sobre la salud.

"A nivel de extensión de las fronteras lo más preocupante es el tema de las fumigaciones, lo cual no solo trae aparejado cuestiones sanitarias como el lupus, espina rígida, malformaciones congénitas, alergias, entre varios factores, sino también que las exposiciones diarias a pequeñas dosis de este tipo de tóxicos (como el glifosato) producen una muerte a fuego lento", señaló Mesquida.

Además, explicó que "un productor que quiere poner un campito con cultivo orgánico, al lado de un campo de soja, lamentablemente no lo puede hacer porque la fumigación le va a matar toda la huerta".

Esto, según el especialista, revela las desigualdades que existen para campesinos y pequeños productores frente a los grandes barones que "ya no saben qué hacer con el dinero remanente que tienen y empiezan a invertir, en lo que nosotros llamamos los ladrillos de soja".

"Construyen edificios en la Nueva Córdoba, que son aquellos que albergan a los estudiantes y que se cobran su alquiler entre mil y 1.500 pesos el monoambiente. Muchos de los dueños de esas edificios son productores sojeros", explicó Mesquida a P&M.

La secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) estimó semanas atrás que la superficie sembrada con soja en la última campaña alcanzó las 17 millones de hectáreas, superando nuevamente su récord histórico, y todo indica que seguirá aumentando con o sin retenciones.