A partir de la renuncia del arquitecto Roberto Apelbaum al frente del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC), Eduardo Petrini quedó por el momento como principal referente del polémico organismo que, según coinciden los legisladores de la oposición, se ha querido "vaciar" durante la gestión macrista a partir de la reducción de partidas presupuestarias y la tercerización de tareas a manos de sociedades del Estado -como la Corporación Buenos Aires Sur-, que permiten una inversión privada de hasta el 49 por ciento.

Según declaró el ex legislador Facundo Di Filippo a Política&Medios, la gestión de Apelbaum fue "la menos transparente en la historia del IVC" y su designación "claramente un guiño, un gesto corporativo" a uno de los principales inversores privados en el negocio inmobiliario y la principal administradora de shoppings del país, la empresa IRSA, cuyo propietario, Eduardo Elsztain, es familiar y ex empleador del saliente titular del Instituto de Vivienda.

"Ni siquiera estaba vinculado al PRO", afirmó Di Filippo y agregó que la renuncia "está bien, aunque ya es tarde".

Apelbaum deberá comparecer ante la Justicia para rendir cuentas de sus dos años de gestión en el IVC. Su situación es complicada, ya que su controvertido desempeño podría derivar en la apertura de una causa penal.

Se estima que en la Ciudad de Buenos Aires viven más de medio millón de personas en situación de emergencia habitacional. Esto es en viviendas precarias, hacinados, en inquilinatos o en situación de calle.

Por su parte, el director ejecutivo del IVC durante la gestión ibarrista, Luis Ostrej, afirmó que existen "al menos 180 mil viviendas vacías con el único objetivo de ejercer la especulación inmobiliaria" y agregó que si estas fueran ocupadas, los precios de las tierras y los inmuebles bajarían "considerablemente".

Consultados por P&M, tanto Di Filippo como los legisladores Laura García Tuñón y Juan Cabandié coincidieron en que los problemas habitacionales no se originaron con Mauricio Macri, aunque sí lo hacen responsable de la precarización por falta de inversión, la subejecución del presupuesto destinado a paliar la crisis y porque en los últimos dos años hubo más de 1.500 desalojos.

García Tuñón se refirió a la situación de los vecinos que viven en la traza de la ex Autopista 3. Allí la Corporación Puerta Norte -una nueva sociedad del Estado- administrará durante 99 años un fideicomiso constituido con el dinero de todos los terrenos que planea vender. Este organismo estará facultado para asociarse con privados para comprar y vender los terrenos y construir edificios por fuera de la Legislatura, ya que las tierras, por más que pertenezcan a la Ciudad, serán transferidas a la corporación.

"Viven más de 500 familias en condiciones infrahumanas desde hace más de 15 años. A cada una de ellas se les pagará 120 mil pesos, por lo que es inimaginable lo que deben valer esos terrenos", señaló la legisladora por Proyecto Sur y explicó que su bloque plantea fomentar la creación de cooperativas de vivienda que se encarguen de la edificación de viviendas sociales con la financiación de créditos blandos.

"Nadie plantea regalar nada", concluyó García Tuñón al asegurar que esa inversión sería menos costosa para el Estado y, además, concretaría una importante función social que es la de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Si bien a finales del año pasado se aprobó la urbanización de las villas 31 y 31 bis, el autor del proyecto, Di Filippo, no se mostró convencido acerca del futuro de la Ley, al igual que García Tuñón, para quien "aún falta que se destinen los fondos para poder empezar a planificarla".

Lo cierto es que los legisladores entrvistados por P&M no confían que la situación del IVC cambie "en tanto no se vaya también Petrini".

"No soy un profesional del tema, no soy arquitecto. Tengo estudios terciarios pero... no importa. Lo que importa acá es que soy un hombre de confianza de Macri y la confianza viene del club”, había dicho Petrini al asumir como vicepresidente del IVC.

El diputado porteño Juan Cabandié recordó que el ex asesor de Mauricio Macri en las transferencias de jugadores durante su gestión en Boca Juniors "está siendo investigado por malversación de fondos públicos" por el juez Roberto Gallardo.

Al comenzar su carrera en el IVC, Petrini llegó a contratar, incluso, a un “licenciado en terapias físicas” que, tres meses después de su ingreso, compró un auto Mercedes Benz valuado en 73 mil dólares y, curiosamente, extendió una cédula azul –permiso exclusivo de manejo– a su jefe.

Además, Cabandié expresó que conocía "algunas versiones de jugadores de Boca que se pelearon con él por pedidos de coimas".

En el club de la ribera se le atribuye a Petrini haber generado los lazos con el mercado ruso: Gustavo Pinto, Héctor Bracamonte y Clemente Rodríguez son algunos de los jugadores transferidos por intermedio del funcionario macrista, aunque éste nunca figuró registrado entre los 77 agentes habilitados por la FIFA.

Andrés di Fiore