El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, advirtió hoy que está "dispuesto a todo" para combatir la inseguridad, luego del crimen de la maestra Sandra Almirón, ocurrido el miércoles por la noche en la localidad de Derqui durante un hecho delictivo.

“Frente a delincuentes que están dispuestos a todo, nosotros tenemos que estar dispuestos a todo”, manifestó Scioli en conferencia de prensa y subrayó que “esta situación nos exige adaptar con la máxima firmeza y rigor las normas vigentes para en acorralar a los delincuentes”.

Sin embargo, no sólo de las normas vigentes pretende valerse Scioli para encarar su política de mano dura. En la provincia de Buenos Aires, el gobernador impulsa un proyecto de reforma del Código Contravencional que le da más poder a la Policía Bonaerense, permitiéndole hacer detenciones por portación de cara, color de piel o tipo de vestimenta.

La iniciativa cuenta con el respaldo de numerosos “mercaderes de la inseguridad” como el ex mandatario bonaerense, Carlos Ruckauf, con quien Scioli se reunió hace pocas semanas y se llevó la recomendación de “meterle bala a los delincuentes”;  el falso ingeniero Juan Carlos Blumberg, quien encontró el momento oportuno para reinstalarse en la escena; figuras televisivas que aprovechan para subir el raiting de sus programas; entre otros.

Pero también se escuchan fuertes voces de rechazo al régimen contravencional de Scioli, considerado violatorio de derechos consagrados por la Constitución.

“Es inconstitucional por donde se lo analice y pensado para una sociedad que dejó de existir hace 100 años (...) avanza en la criminalización de la protesta social y se profundiza la represión de los sectores pobres y excluidos de la sociedad”, analizaron diversos organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, como el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria, la CTA y el Foro por los Derechos de la Niñez.

El periodista Horacio Verbitsky también indicó que “este es un proyecto inconstitucional, lo sabe Scioli, lo sabe Casal y lo sabe Stornelli. Es un proyecto de fin de siglo, es para cumplir con los dos años que le quedan a un gobernador que acaba de perder la elección”.

“Aquí plantea multas para los contraventores pero como las multas están destinadas a los sectores que no tienen recursos y no las van a poder pagar, se redimen con penas de prisión. El gobernador cree que una ley provincial puede modificar el código penal, es un disparate. Pero entre tanto se va a aplicar. Y va a dejar la regulación del delito en la calle en manos de la policía, sin control, para hacer caja”, aseguró quien además es presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Ideologías. En sus declaraciones de este viernes, el gobernador bonaerense también manifestó su esperanza de que "tenga sanción definitiva la baja de la edad de imputabilidad", en referencia al nuevo Régimen Penal Juvenil que aprobó el Senado nacional y que ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados.

Con estas palabras, Scioli parece haber echado por tierra la defensa del proyecto que hacen varios legisladores oficialistas bajo el argumento de que no se plantea una baja de la edad de imputabilidad y que se instrumentan garantías sobre aquellos adolescentes que son detenidos sin blanquear.

"Muchos de los que rechazan la iniciativa tienen una posición ideológica al respecto", agregó el mandatario provincial, como si su discurso, sus acciones y sus planes de mano dura no estuvieran basados en fundamentos ideológicos.

Para desarticular el mito al que Scioli pretende recurrir para lograr mayor eficacia en su discurso, tal vez sirva apelar a especialistas en el tema de la inseguridad. Bernardo Kliksberg es asesor de la ONU, el BID, la OIT, UNESCO, UNICEF y otros organismos internacionales, y ha dedicado varios estudios a la problemática.

En un artículo titulado ¿Cómo enfrentar la inseguridad en América Latina? (Revista Nueva Sociedad Nº 215, mayo-junio de 2008),  Kliksberg  explica que “la ‘mano dura’ se presenta como la salida providencial para responder a la sensación de inseguridad. Exitosa en copar la conciencia colectiva de la sociedad, la mano dura no es un movimiento espontáneo, sino una ideología apoyada en teorías muy cuestionadas, incluso en sus lugares de origen. Un ejemplo es la tesis de la ‘tolerancia cero’, basada a su vez en la teoría de la ‘ventana rota’, que sostiene que hay que aplicar la máxima punición contra las infracciones más pequeñas, ya que pueden ser el antecedente de acciones criminales más graves”.

El especialista agrega que esta política se aplicó en algunas ciudades de países desarrollados, donde derivó “en guerras contra los sin techo y los mendigos y el combate a infracciones menores, como la ebriedad y el ruido, en muchos casos desde enfoques claramente sesgados hacia las poblaciones de color, étnicas o inmigrantes”.

Además, apunta que “la realidad latinoamericana es completamente diferente de la que en su momento dio origen a enfoques como el de la tolerancia cero. En la región, a diferencia del mundo desarrollado, muchos de quienes se encuentran en la calle no tienen adónde ir. Por otra parte, los mendigos, los vendedores ambulantes y las personas que cometen faltas menores son millones. Perseguirlos a todos implicaría un colapso del sistema policial y de justicia”.

Es decir, no sólo las supuestas soluciones de Scioli tienen un apoyo ideológico, sino que las teorías que la sustentan ya demostraron incapacidad para combatir el delito y tienen una aplicabilidad sumamente dudosa en países como la Argentina, llegando, incluso, a empeorar la situación.

Culpables hasta que se demuestre lo contrario. Las salidas ideológicas que propone el Ejecutivo bonaerense llevan, además, a invertir las propias lógicas del Derecho y las garantías constitucionales, violando un principio fundamental: la presunción de inocencia.

De esta forma, y aprovechando el malestar social amplificado por los grandes medios de comunicación, el jefe de la Policía Bonaerense, Juan Carlos Paggi, puede salir a decir sin ningún reparo que no le cabe duda que, entre los tres detenidos por el crimen de la maestra Sandra Almirón, está el responsable material del ataque.

Las afirmaciones de Paggi, respaldadas por Scioli y el ministro Carlos Stornelli, no son casuales. Precisamente, dos de los detenidos por el asesinato tienen edades de entre 15 y 16 años. Ya son culpables, aunque después pueda demostrarse lo contrario. Y son culpables porque sirven para presionar a los diputados nacionales para que apuren el tratamiento de un régimen penal juvenil que, según el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, se reduce a bajar la edad de imputabilidad.