Después de haber dejado sin efecto la decisión del Gobierno de la Ciudad de cerrar preventivamente el Instituto Oftalmológico Lagleyze, la jueza porteña Elena Liberatori recorrió este mediodía las instalaciones para comprobar si realmente “colapsó a parte eléctrica y se tornó inseguro para pacientes y trabajadores", como aseguró el ministro de Salud, Jorge Lemus.

“La jueza vio que el hospital estaba en perfectas condiciones salvo algunas cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento edilicio porque es un hospital construido en 1942. También observó que los perjuicios de la inundación habían asido escasos”, dijo a Política&Medios el legislador porteño de proyecto Sur, Jorge Selser.

Liberatori, además, le dio 48 horas a la Ciudad de Buenos aires para hacer el informe técnico y resolver los problemas eléctricos; y le dio potestad al director del hospital, Ernesto Anauati, para poner en funcionamiento las áreas que el cuerpo técnico va habilitando.

“El hospital se va a reabrir en un lapso no mayor a 72 horas”, señaló el legislador, que como ex jefe de cirugía del Hospital Argerich, conoce las consecuencias de la política de Mauricio Macri en la salud pública.

“Creo que el cierre preventivo es parte de un plan que ha llevado adelante el gobierno de la Ciudad de achicamiento del sistema hospitalario”, señaló y analizó que en este caso, “utilizaron como excusa el sótano inundado del Lagleyze e inmediatamente dictaron la resolución del cierre transitorio. En realidad iba a ser un cierre definitivo porque intimaron al director del Hospital a que trasladaran los equipos a otros hospitales y transfiera el personal”.

Fue justamente la movilización de los trabajadores del hospital, junto con los vecinos, y los cuestionamientos por parte de la oposición porteña que frenaron las intenciones del Gobierno antes del pronunciamiento de la jueza. “Hoy hemos tenido una victoria importante y vamos a estar en cada uno de estos conflictos, evitando que se toquen los hospitales públicos”, señaló.

Privatización encubierta. Selser comentó que en el Argerich “muchos de los servicios del hospital están tercerizados, algunos se tercerizaron hace unos años y por último se privatizó la provisión de medicamentos”.

“Luego de que se descentralizó la provisión de medicamentos, se contrató a una empresa privada y, de acuerdo a lo que escuchamos en las farmacias de los hospitales, no suministran en tiempo y forma los insumos que se necesitan”, indicó.

Denuncia de la auditoría. En un relevamiento en el Hospital Penna, la Auditoría General de la Ciudad encontró que “la inadecuada infraestructura edilicia y la falta de nombramientos limita la oferta asistencial e influye significativamente en el proceso de salud-enfermedad-atención”.

En su informe señaló que las áreas más críticas se detectaron en la atención del paciente con problemáticas vinculadas a situaciones de violencia y adicción, atención del paciente con necesidad quirúrgica, gestión de pacientes internados por causas sociales, gestión del recurso humano de enfermería y médico.

Además, el documento aclara que al estar ubicado en la zona sudeste, la mayor cantidad de concurrentes al hospital provienen “de clase media baja y población de clase baja con alto riesgo sanitario, característico de las villas y asentamientos que lo rodean (Villa 21-24, Barrio Zavaleta y Barrio Charrúa)”, donde “las principales problemáticas de salud se vinculan con enfermedades sociales de la pobreza y la exclusión social”.