El represor Jorge ‘El tigre’ Acosta declaró por escrito ante el Tribunal Oral Federal Cinco (TOF 5) que el periodista e integrante de Montoneros Rodolfo Walsh  “se suicidó” durante el operativo en el que se enfrentó a los tiros con un grupo de tareas de la ESMA.

"Rodolfo Walsh estaba dispuesto a morir, sí o sí, porque llevaba una pistola calibre 22", consignó Acosta en la nota y mencionó "vestigios de la pastilla de cianuro" de la que habría recibido información, lo que, sumando a los otros elementos "no dejan duda alguna de su intención de no permitir su detención con vida".

Acosta dijo también que se sintió "intimidado" por el "aplauso cerrado" que provocó en la sala de audiencia por parte de familiares de las víctimas la lectura de la "Carta Abierta" que Walsh escribió para la Junta Militar.

Esa carta "es un documento pero también un arma de la guerra civil revolucionaria terrorista" y que el aplauso que generó su lectura significa que "la guerra no terminó".

El represor, además, se atribuyó la responsabilidad de los hechos ocurridos durante la dictadura por los que aparecen implicados, entre otros, el represor Alfredo Astiz como jefe del Grupo de Tareas G3-332 que actuó en la ESMA.

"Está suficientemente probado que yo he sido el jefe de inteligencia de la UT 3.3.2 desde enero de 1977 y por ello he participado en la guerra fratricida que no inicié ni definí en su contenido", consignó el procesado, quien manifestó sentir respeto por todas las víctimas.

El TOF 5 prosiguió hoy con lectura de la acusación contra los 17 procesados de este tramo de la "megacausa" ESMA, el primero que llegó a la etapa plenaria.

En el banquillo de los acusados están Acosta, Astiz, Juan Antonio Azic, Carlos Capdevilla, Ricardo Miguel Cavallo, Julio César Coronel, Adolfo Donda, Juan Carlos Fotea, Manuel García Tallada, Pablo García Velazco, Alberto González, Antonio Pernías, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón, Raúl Scheller y Ernesto Weber.

En este juicio se ventilan las responsabilidades por 85 de los miles de delitos cometidos en lo que durante el autodenominado "Proceso de Reconstrucción Nacional" funcionó como un centro ilegal y clandestino de detención.