Durante la última dictadura militar (1976-1983) actuaban como "agentes civiles" y, hasta ahora, sus identidades estaban amparadas por las leyes de inteligencia. La Justicia deberá determinar ahora cuáles de los 4.300 implicados fueron realmente responsables de delitos de lesa humanidad.

Se estima que sólo el diez por ciento eran agentes con identidad falsa que cumplían tareas de infiltración y entrega de personas y apoyaban a militares como los ex jefes del Batallón de Inteligencia 601 Pascual Guerrieri y Jorge Arias Duval en la guerra sucia.

La lista firmada por el general César Milani, actual jefe de Inteligencia del Ejército, comienza a revelar secretos del hoy desmantelado 601, que dependía de la jefatura II de la comandancia del Ejército y tenía destacamentos en todas las unidades que le reportaban directamente. Su tarea eran los análisis de inteligencia, infiltrar, detener y torturar prisioneros y luego pasar la información a los grupos de tareas de las zonas y subzonas en que el Ejército había dividido al país.

En ella figuran los nombres de Raúl Guglielminetti y otros represores, de agentes secretos que infiltraron al ERP, de profesores universitarios y de familiares de conocidos militares, entre otros miembros del personal civil de inteligencia (PCI).

El Batallón también tuvo presencia en otros países. Especialmente en Honduras, en tiempos de la guerra de Estados Unidos contra la Nicaragua sandinista. Algunos de los jefes en esa operación están sindicados en la desaparición de más de 200 hondureños, en los tiempos en que trabajaban para la CIA estadounidense.

Cuando regresó la democracia en el 83, Raúl Alfonsín redujo drásticamente los miembros del 601 y muchos de los despedidos integraron las bandas de "mano de obra desocupada" que se dedicaban a secuestrar empresarios o integrar bandas de piratas del asfalto. El emblema de esos grupos fue la banda de Aníbal Gordón, un ex agente de la SIDE.

Los documentos desclasificados en cumplimiento del decreto 4/2010 fueron entregados al director del Archivo Nacional de la Memoria, Ramón Torres Molina.

Entre las principales operaciones del 601 en Argentina se señalan la infiltración en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que logró anticipar el ataque al batallón de Monte Chingolo donde murieron decenas de personas en 1975 y luego también lo hicieron con la contraofensiva que la organización Montoneros había dispuesto y que llevó al apresamiento de una cantidad de militantes hoy desaparecidos entre 1978 y 1980.

Esta última operación es la que investiga el juez federal Ariel Lijo, quien cruzará la información e intentará descubrir si alguna de las personas de la lista participó de ella.

No será una tarea fácil. Por orden del último jefe del Ejército de la dictadura, Cristino Nicolaides, se quemó toda la documentación relacionada con la represión, excepto estas listas porque sirven, por ejemplo, para pagar jubilaciones y pensiones.