El THC es el tetrahidrocannabinol, principio activo de la marihuana. Argentina finalmente también tenía un magazine dedicado al cáñamo. Y aparecía en un momento que el debate sobre la criminalización del consumidor entraba en un cono de sombra, por ineficiente desde el punto de vista jurídico, y por favorecer un mercado negro y una industria sanitaria que es la otra punta para desovillar de un negocio millonario. En aquel primer número, Sebastián Basalo, director de la revista, escribía que “si no impulsamos un consumo responsable ni nos informamos sobre los efectos y características de lo que elegimos consumir, estaremos siempre a merced de quienes se benefician con el silencio. El abuso de sustancias adulteradas, la corrupción policial (…) y las absurdas políticas de represión en un contexto social de pobreza, desigualdad y marginación progresivas resumen lo que algunos sintetizan como ‘el problema de la droga’”.

La ley 23737 (o ley Cortese, por el funcionario de la UCR que la promovió), se daba de bruces contra el artículo 19 de la Constitución Nacional -los actos privados que “no ofendan al orden y a la moral públicas, ni perjudiquen a terceros” están “exentos de la autoridad de los magistrados”- tanto que la diputada Diana Conti presentó o apoyó, sin suerte, varios proyectos para despenalizar el consumo. Sin embargo, en 2009 un fallo de la Corte Suprema de Justicia lo hizo. Pero las resistencias continúan.
Cuánto y cómo influenció THC para situar la cuestión en la agenda pública, nunca se sabrá. Intentamos averiguar esa y otras cuestiones entrevistando a Basalo.

Cuando pensamos en THC creíamos en la importancia de difundir tanto el cultivo de la marihuana para mejorar su calidad y evitar contribuir al narcotráfico, como en insistor con las virtudes recreativas, medicinales y hasta industriales de la planta. Pero partimos del supuesto de que existía una cultura alrededor del cannabis, reflejada por intereses en común, costumbres, historias, mitos, artes, etcétera. Porque no se trata de tomar a la marihuana como fin sino como un medio  para la construcción de un discurso que lejos de plantearse como contracultural, se desarrolla como una especie de paracultura. Es por eso que la revista se construye a partir de una fuerte relación con los lectores, y a pesar de hacer un periodismo especializado, hablamos de un fenómeno dentro de una estructura y secciones no muy alejadas del periodismo clásico.

¿Qué fue lo que los llevó a sacar a la calle la revista prácticamente sin publicidad local?

La convicción de la existencia de una cultura que necesita de un canal que la comunique y que brinde la información que se precisa. Apostamos a fortalecer la relación entre el lector y la revista. Y de hecho, son los lectores los que la agotan, todos los meses. Varios lectores pudieron hacer que sus familiares, por ejemplo, cambiaran sus posturas prohibicionistas o al menos abrieran lugar al tema. Víctor Hugo Morales diciendo que a pesar de no ser consumidor, y reconociendo que le preocuparía que sus hijos fumen, no les prohibiría hacerlo y en todo caso, les preguntaría por qué lo hacen. En ese sentido, THC es un medio político: construye y posibilita una política a diario.

¿Cuántos ejemplares tiran, y cuántos venden?

Hoy estamos imprimiendo 35 mil ejemplares, que llegan a todo el país y a Uruguay, de los que vendemos 28 mil. El resto de los ejemplares se venden en los meses siguientes como números anteriores, ya que muchos lectores la coleccionan.

¿Y el imperativo ideológico que la sostiene?

La defensa de las libertades individuales y la responsabilidad de nuestros actos como el margen de esa libertad. Otra política fuerte de la revista es la difusión de la información sobre los efectos, dosis y modos más saludables de consumo de las sustancias que existen cada vez más, como una estrategia de reducción de los riesgos y daños asociados a su consumo.

El contexto sociopolítico ¿ayudó de alguna manera?

Cuando salimos a la calle el contexto era el de los años anteriores, pero la coyuntura política que se dio dos años después contribuyó mucho a instalar desde el discurso oficial la discusión de varias cuestiones planteadas en la revista, entre ellas la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal. Para nosotros, haber podido llegar por primera vez a los kioscos de todo el país al día siguiente del fallo de la Corte Suprema con 50 mil ejemplares de un diario sin una sola publicidad en el que se informaba desde un lugar diferente al de los medios dominantes, y en el que el juez Eugenio Raúl Zaffaroni brindó en exclusiva su primera entrevista después del fallo todavía hoy no deja de llenarnos de orgullo.

¿Y qué está pasando ahora con la aplicación de esa medida?

La Corte Suprema despenalizó la tenencia para uso personal en agosto del año pasado. A partir de entonces hubo un cambio evidente. Disminuyó bastante el miedo de los consumidores, ya que por primera vez un organismo del estado dejaba de identificarlos como delincuentes. Desde la revista sostenemos que la sociedad no tiene por qué, como muchas veces se dice, estar preparada para la despenalización. Porque es al revés: este tipo de cambios son los que de a poco hacen que la sociedad se prepare. Sería absurdo pedirle a una persona sin información y con un discurso instalado a fuerza de mentiras, que deje de ver al consumidor como a un delincuente. Porque la ley  23737 parte de penar toda tenencia y sigue obligando al consumidor a demostrar su inocencia en un proceso penal. Lo que cambió el fallo de la Corte es que en caso de poder demostrarse inocencia, en lugar de cumplir un tratamiento forzado en granjas privadas (subsidiadas por el estado), es más probable salir en libertad.

La causa Bazterrica abrió esa discusión a fines de los 80, que Cortese cerró de inmediato. ¿Cuánto influye el nudo entre poder político, policial y jurídico en el atraso legislativo?

El problema político principal que plantea la despenalización es que si bien ya es algo sobre lo que existe un consenso bastante amplio (salvo en los sectores de derecha, el resto de los partidos aseguró su voto a favor), no es un tema que reditúe desde lo electoral. El gobierno lo sabe y por eso, pese a haber sido el primer Ejecutivo latinoamericano en reconocer el fracaso de las políticas prohibicionistas y defender ante la ONU la descriminalización de los usuarios, todavía no presentó ningún proyecto formal de reforma en el Congreso. Ahora el escenario es otro y al igual que ocurrió con el proyecto sobre matrimonio gay, lo más probable es que el gobierno acuerde con algún partido progresista un proyecto común, y al momento de votar le aporte el caudal de bancas que tiene como primera minoría.

Pablo E. Chacón